Julián Casanova confiesa que el problema no son los nombres de las calles ni sus referencias, sino cómo el país y los políticos gestionan el pasado. Afirma que los lugares de la memoria se deben explicar y educar así a la sociedad y no depender de problemas personales con el pasado para gobernar una ciudad o país.
Por otro lado, Elisa Beni plantea la siguiente pregunta ¿qué problema puede tener un demócrata con que cambien los nombres de las calles franquistas? Hace referencia a la dictadura de Franco, cuando los ministros y altos cargos cambiaban sin previo aviso y sin una gestión adecuada los nombres de las calles y sugiere nombres de mujeres o de personas de distintas ciudades de España para renombrar estas calles.
Melchor Miralles coincide con el historiador Casanova y además afirma que no se puede afrontar la visión de la historia con un espíritu sectario y revanchista y remontarse a la guerra civil para justificar todo. También insiste en que en la terrible guerra civil había dos bandos, no solo uno, y que la ley de memoria histórica debe ser igual para todos.
