El instituto geológico y el Geográfico Nacional dictaminaron que todo se debía a la inyección en el almacén subterráneo de gas del proyecto Castor y el ministerio de Industria tuvo que paralizar el proyecto. Solo un año después, hay que ver con qué celeridad se arreglan algunos asuntos, en octubre de 2014, Florentino Pérez recibía 1.350 millones de indemnización por no poderse llevar a cabo la obra.
Pues bien, hoy han empezado a declarar en Vinaroz, 8 consejeros de la compañía privada y 10 funcionarios de dos ministerios, el de Industria y el de Medio ambiente, para que el juez sentencie si alguno de ellos es responsable de un delito de prevaricación o contra el medio ambiente al conceder el permiso para el proyecto Castor.
Salvo que alguno de los imputados dé alguna sorpresa, por ejemplo, involucrando a algún pez gordo en la presunta prevaricación, todo parece indicar que a lo sumo algún funcionario puede quedar inhabilitado o incluso encarcelado por un breve tiempo. Que nadie crea que los 1.350 millones que pagamos entre todos a Florentino Pérez tienen alguna posibilidad de volver a las arcas públicas. Ni eso, ni ninguna otra complicación menor para el Sr. Pérez. Las pancartas ciudadanas de protesta que esta mañana se han visto ante el tribunal llevaban escrito el lema, “No pagaremos su fracaso”. Lamentablemente ya lo hemos pagado. Hasta el último céntimo.
