Aunque ese escrito se envió el jueves pasado ha trascendido esta mañana. Es decir, la fiscalía se adelantó al pleno de ayer del Parlament. La Audiencia no es competente para actuar contra aforados pero sí contra cualquier funcionario público que cometa rebelión o sedición. Es posible que la presidenta de la Cámara esté dispuesta a llegar a las últimas consecuencias, afirmación que en la segunda jornada de investidura, también ha hecho suya hoy Artur Mas. Pero no se llegará muy lejos si los funcionarios públicos toman conciencia de los riesgos que corren si llevan a la práctica mandatos que estén fuera de la legalidad vigente.
Ahí es dónde se juega de verdad esta extenuante partida. Desde el sector independentista se vislumbra como posible la desobediencia a las leyes estatales. Cuentan por tanto con la complicidad de los catalanes. Pero ¿qué catalanes? Los independentistas son menos de la mitad, no todos están en lugares estratégicos ni se sabe cuántos correrían el riesgo de ser acusados de sedición.
Por otro lado, desde el gobierno español se tiende a creer una simpleza, que estamos donde estamos solo por el empeño de Artur Más y que si él se va, desaparece el problema.
En definitiva, que seguimos teniendo dos trenes en una sola vía y en sentido contrario. Y una gran incógnita: cómo reaccionará la ciudadanía catalana, o mejor dicho, las dos mitades que la componen.
