En la operación se han investigado 28 entidades físicas o jurídicas que no tenían actividad laboral real y efectiva. Los administradores de los mercantiles, también implicados, declaraban actividades laborales en hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería.
Simulaban negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que daban de alta en la Seguridad Social a cambio de dinero, según la portavoz de la Policía Nacional, Ana Buyo.
"Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social; mediante el uso de los falsos contratos, lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros", ha declarado Buyo.
De momento se han esclarecido más de 700 delitos de falsificación y estafa, y se ha destapado un fraude de más de 2 millones de euros.
