En la resolución, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona considera que el colectivo de mujeres al que ataca según Fiscalía "excede el concepto de grupo social protegido por los delitos de odio, como sí sucedería con las minorías raciales o religiosas".
Así, considera que no se debe realizar la medida cautelar de inmovilización del vehículo y su depósito judicial como pieza de convicción que ha solicitado Fiscalía, tras recibir una denuncia del Institut Català de les Dones (ICD).
El juez ha observado que esta medida "puede entrar en conflicto con un Derecho Fundamental como es el de la libertad de expresión, por muy aborrecibles o incluso repugnantes que puedan resultar las expresiones vertidas", sobre las que afirma que retroatraen a un pasado vergonzante para la humanidad, paradigma de la vulneración de los derechos humanos, según la resolución.
No obstante, asegura que la frontera entre lo que está amparado por la libertad de expresión y lo que excede lo que colectivamente se considera aceptable desde esta libertad, "se convierte en muchas ocasiones en una delgada y tenue línea de contornos difusos que impide en el ámbito de un proceso penal todavía embrionario" adoptar esta medida.
También menciona que la concurrencia al tipo delictivo mencionado por Fiscalía está determinada por "un requisito técnico inherente al delito de odio", que los ilícitos se dirijan contra un grupo o persona como sujeto pasivo afectado, un concepto que considera que el conjunto de las ciudadanas excede, citando también una resolución de la Audiencia Provincial de Girona.
El magistrado añade que a través del buscador Google ha tenido noticia de que el Ayuntamiento de Madrid ha permitido al vehículo circular por las calles de la ciudad de acuerdo a la normativa municipal, por considerar que está dentro de esta libertad de expresión, y afirma que el hecho de que lleve días circulando sin que se haya requerido medidas es importante para la justicia cautelar.