Denuncian la publicidad sexista de una piscina de Linares que oferta un "bono especial señoritas de 18 a 28 años"

La organización de consumidores ha presentado un escrito ante el Servicio de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), según explica en un comunicado.

Añade que la actuación sexista de esta empresa no es sólo en la publicidad, sino también en las tarifas de Playa Benidorm, ya que se estipulan unos precios más reducidos para las mujeres que para los hombres, motivo por el que también se ha presentado ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).

La federación ha realizado estas denuncias tras el aviso del colectivo Acción Feminista de Linares sobre esta publicidad vejatoria hacia las mujeres a la Facua Jaén.

La federación insiste en que en esta publicidad se presenta a la mujer de forma discriminatoria, utilizándola directamente como mero objeto puramente sexista y explica que en el folleto se incluyen las diferentes tarifas de las que dispone la piscina para la temporada que comienza a primeros de mayo, de manera que pueden adquirirse abonos familiares, individuales y por baños.

La Facua Andalucía recuerda que la Ley 34/1988, General de la Publicidad, de 11 de noviembre, en su artículo tercero, expone que "es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere sus valores y derechos reconocidos en la Constitución".

Entre la que se incluye "los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento".

La federación considera que Piscinas Benidorm vende este bono como un supuesto privilegio para las mujeres cuando, en realidad, lo que pretende es utilizar a las usuarias como reclamo para atraer a hombres a la piscina.

Asimismo insta a las Administraciones públicas implicadas a realizar cuantas acciones sean necesarias para resarcirse de la responsabilidad civil de los daños y perjuicios sufridos.