El Parlamento iraní da un paso más hacia la aprobación de la nueva ley del velo

El "Proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab” fue aprobado ayer por una comisión judicial y cultural a puerta cerrada y el texto se encuentra ahora en el Consejo de los Guardianes, indicó el vicepresidente del Comité Judicial y Legal del Parlamento iraní, Hojatoleslam Hassan Norouzi, según la agencia estatal IRNA.

El Consejo de los Guardianes es un organismo compuesto por 12 miembros, seis juristas y seis clérigos, que revisa la legislación adoptada por el Parlamento y tiene capacidad de veto sobre las decisiones del hemiciclo.

El organismo jurídico y religioso tiene ahora un plazo de 10 días para aprobar el proyecto de ley que busca poner fin a la falta de uso del velo, un gesto de desobediencia civil que han adoptado numerosas iraníes tras la muerte de Mahsa Amini al ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el hijab en septiembre de 2022.

Su fallecimiento provocó unas fuertes protestas, al grito de "mujer, vida, libertad" que durante meses pidieron el fin de la República Islámica y que se apagaron tras una fuerte represión que causó 500 muertos, miles de detenidos y en las que fueron ejecutados siete manifestantes, uno de ellos en público. El movimiento contra el hiyab comenzó el 16 de septiembre del año pasado, con el que han dejado de usar el velo forzado, prenda que representa para ellas la forma visible de la discriminación que sufren, que va mucho más allá de tener que cubrirse la cabeza.

El Parlamento iraní votó hace una semana aprobar la ley en una comisión formada por 10 diputados y no en sesión plenaria para evitar presentar la ley ante los 290 diputados y el debate público que ello conlleva, además de revisar las numerosas enmiendas que se han presentado, a meses de las elecciones parlamentarias de marzo.

La propuesta de ley, que cuenta con 70 artículos, establece castigos como limpiar cadáveres, multas, penas de cárcel de hasta cinco años, la confiscación de automóviles y la prohibición de conducir, además de deducciones de salario, prestaciones laborales o la prohibición de acceder a servicios bancarios.