Este 11 de marzo se cumplen veinte años de los atentados yihadistas que se perpetraron en Madrid el 11 de marzo de 2004 en los que murieron 193 personas y más de 1.800 resultaron heridas.
De los 18 condenados por los atentados, tan solo tres permanecen en prisión: Jamal Zougan, Othman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras. Los tres cumplirán sus respectivas condenas en 2044; los dos primeros se encuentran en primer grado y Trashorras en segundo grado.
Los 15 restantes se encuentran en libertad porque ya cumplieron sus respectivas penas. Del total, 8 fueron expulsados a sus países de origen una vez se practicó el licenciamiento de sus castigos. Otro de los condenados, Hassan el Haski, fue extraditado a Marruecos en junio de 2019 cuando cumplió la pena por el 11-M para ingresar en prisión por otro asunto judicial.
18 condenados, 15 en libertad
Tres años después de los atentados, la Audiencia Nacional dictó las penas más altas para Othman El Gnaoui -42.924 años- y Jamal Zougam -42.922 años-, ambos de nacionalidad marroquí y sentenciados como autores de 191 asesinatos consumados, 1.856 asesinatos en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas.
Othman El Gnaoui terminará de cumplir su condena el 19 de marzo de 2044 y Jamal Zougam unos días antes, el 2; ambos continúan en primer grado penitenciario, con principio de flexibilidad en el caso de El Gnaoui, según las fuentes.
El tercero que sigue en prisión es José Emilio Suárez Trashorras, el minero que facilitó los explosivos con los que se perpetraron los atentados y que fue condenado a 34.715 años.
Cumplirá condena el 3 de marzo de 2044 y es el único de los tres que ha pasado de grado penitenciario; está en el segundo, según los datos de la Audiencia Nacional.
Actualmente está interno en el Centro Penitenciario de Asturias y, según adelantó el diario El Comercio hace unos días, ha solicitado recientemente acogerse a la ley de eutanasia ante la falta de tratamiento médico adecuado para su salud mental y la larga condena que afronta.
Qué ha pasado con el resto de condenados
A lo largo de los veinte años que han pasado desde los atentados, quince condenados han ido cumpliendo sus castigos y saliendo de prisión, la mayoría en la última década: hace 10 años aún catorce de los dieciocho seguían entre rejas.
De esa quincena, ocho fueron expulsados a su país cuando la Audiencia Nacional les practicó el licenciamiento de la pena; y uno más, Hassan el Haski, fue extraditado a Marruecos en marzo de 2014 tras vencer su condena, al estar reclamado para cumplir otra pena de prisión.
En este grupo se encuentra Rafa Zouhier, sentenciado a 10 años por suministrar los explosivos con los que se perpetraron los atentados y que fue expulsado a Marruecos el 16 de marzo de 2014, inmediatamente después de ser excarcelado de la prisión de Puerto de Santa María I (Cádiz), donde contrajo matrimonio con una mujer española.
Dos años después ocurrió lo mismo con Fouad el Morabit (12 años) y ya en 2017 con Saed el Harrak (12 años) y Youseff Belhadj (12 años), condenados los tres por pertenencia a banda armada.
Hace apenas dos años, en mayo de 2022, las autoridades españolas entregaron a Marruecos a Rachid Aglif, tras cumplir los 18 años de cárcel por los que fue condenado por delitos como pertenencia a banda armada y tenencia o depósito de explosivos.
Un año después, el 12 de septiembre de 2023, vencía la condena a 18 años de prisión que la Audiencia Nacional impuso a Abdelmajid Bouchar, detenido en Serbia en 2005 tras escapar del piso de Leganés (Madrid) en el que se suicidaron siete miembros del comando islamista autor de la masacre, cuando al bajar la basura se percató del cerco policial.
La lista de expulsados la completan Hamid Ahmidan (13 años) y Mohamed Bouharrat (12 años).
Las incógnitas que aún hoy permanecen
Sigue sin saberse quiénes fueron los autores intelectuales de estos atentados, cómo fue la financiación o cómo se unió una célula yihadista con un grupo de fanáticos religiosos y con otro de delincuentes comunes dedicados a la droga.
Algunas víctimas dicen seguir necesitando esa respuesta, pero hoy, 20 años después de los atentados, prescribe la causa. Aunque hubiera nuevas pruebas, no podría volverse a juicio, así lo contemplaba el código penal de 1995 por el que fueron juzgados y no ha tenido éxito la petición de las víctimas de que fueran considerados delitos de lesa humanidad pra evitar esa prescripción.
