La Unión Federal de la Policía (UFP) explica al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en una carta, que a la "inseguridad personal" -falta de pruebas PCR o vacunación contra la gripe- "se une la inseguridad jurídica de carecer de instrumentos e instrucciones claras de cuál debe ser la forma de actuar" en ese tipo de protestas.
Críticas a la gestión de Grande-Marlaska
El sindicato le traslada así sus críticas por la "nefasta y manifiestamente mejorable" gestión que Interior "está haciendo desde el inicio de la pandemia", que se agrava, dice, por el continuo cambio de normas y "la disparidad de criterio a la hora de aplicarlas". Eso, señala, está provocando que las diferentes Unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional "se encuentren con una inseguridad jurídica como nunca en nuestro país". A lo que se añade "lo barato que penalmente resulta agredir a un policía, hecho que los violentos conocen y que nos lleva a situaciones de auténtica indefensión".
Reclaman el reconocimiento como "personal de riesgo"
Por todo ello exigen que se reconozca a los miembros de la Policía Nacional como "personal de riesgo alto" y se les dote "del material necesario para realizar sus funciones con seguridad", así como que se les hagan pruebas PCR "que ahora se escatiman o hay que pagarlas en laboratorios privados".
En este sentido recuerdan que las Unidades de Seguridad Ciudadana encaran "día a día" situaciones "en las que se enfrentan a ciudadanos, en muchas ocasiones violentos, sin la protección adecuada, teniendo luego que juntarse con sus familias y con otros compañeros y ciudadanos sin saber si pueden o no ser fuente de transmisión del virus". "No se nos hacen pruebas, se nos recomienda vacunarnos contra la gripe, pero no hay vacunas porque dependemos de que las Comunidades Autónomas nos las regalen", lamentan.
También exigen acabar "con el caos jurídico" y que "se dicten instrucciones claras de lo que se debe hacer, implantando protocolos de actuación de los que ahora carecemos".
Otra reclamación es que se reconozca a todos los funcionarios adscritos a Unidades de Seguridad Ciudadana como una especialidad con "retribuciones acordes a la disponibilidad, responsabilidad y penosidad de su trabajo".
Insisten además en instar a que se modifique el delito de atentado a agente de la autoridad y "se deje de saldar con una multa que en muchos casos no alcanza los 60 euros, lo que hace que los violentos actúen con total impunidad".
Aseguran que todas estas peticiones han sido trasladadas a la Dirección General de la Policía en más de 30 escritos, "sin que ni siquiera hayan tenido la deferencia de contestarlos". "Por todo esto, le exigimos que se ponga al frente del Ministerio y que tome las medidas que sean necesarias para atajar esta situación que, sin duda, irá en aumento en los próximos días y semanas", advierten.
