Último intento de Vicente Guilarte antes de abandonar el barco. El presidente suplente del CGPJ ha remitido su propuesta de renovación a los presidentes del Congreso y Senado, los llamados por la Constitución a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Se trata de su movimiento definitivo antes de renunciar al cargo si no prospera con éxito su pretensión, tal y como explicó en una reciente entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno.
En un documento de 17 páginas, Guilarte plantea un Consejo compuesto por vocales sin contaminación política previa y sin peso e influencia a la hora de nombrar cargos judiciales.
Vicente Guilarte se detiene en el gran obstáculo que supone la polarización de las negociaciones entre PP y PSOE para la renovación, que “conduce fatalmente” a un diferente entendimiento de la fórmula y a la confrontación de dos modelos que no confluyen hasta el infinito.
“Parecería que el fondo del desencuentro radica en el afán de los grandes partidos por apropiarse de una mayor cuota de poder, de este Poder, lo que en anteriores ocasiones había planteado alguna dificultad para la renovación, pero que hoy se ha tornado en un problema irresoluble”, plantea el vocal presidente.
Según explica, lo que mueve a los grandes partidos para persistir de manera inamovible en sus respectivas fórmulas “es la disimulada pretensión, proscrita en su expresión, de captación de los vocales de cara a poder influir, piensan equivocadamente, en futuros enjuiciamientos ante los órdenes jurisdiccionales con mayor relevancia política”.
Recuerda las recomendaciones de la Comisión Europea haciendo ver que en los Consejos de composición mixta es aconsejable que los Vocales judiciales sean elegidos por sus pares. Ademas, subraya que no puede negarse que la elección parlamentaria ha generado graves dificultades de renovación que con la elección corporativa de los Vocales judiciales no se producirían.
Por otro lado, las Asociaciones Judiciales ideológicamente próximas a ambas formaciones políticas, tras exigir insistentemente la renovación, “se reafirman en la irrenunciabilidad de las posiciones –elección parlamentaria o corporativa— que sus afines políticos sostienen”, concluye Guilarte.
El vocal presidente cree que caben los dos sistemas de elección de miembros del CGPJ, pero siempre procurando “la ajenidad de los nombrados a toda contaminación política previa”. En el caso del nombramiento por los propios jueces, se trataría de articular un sistema que permita la participación, no sólo de las asociaciones judiciales, sino de los jueces no asociados.
Nuevos aires
El presidente suplente alerta de que el CGPJ necesita urgentemente “nuevos aires que le permitan desvincularse” de la fatal percepción de la polarización del Consejo en dos bloques, conservador y progresista, “en gran medida propiciada por la actual polaridad política que miméticamente, queramos o no, nos afecta”.
Además, urge renovar porque el actual Consejo sigue actuando internamente “con una subliminal tendencia a la continuidad, desprovista frecuentemente de toda legitimación”. Cita como ejemplo reciente, la renovación de la cúpula de la Escuela Judicial “en términos irresponsables cuando entiendo que debiera haberse acometido este cambio, en su caso, por el nuevo CGPJ”.
Para Guilarte la única posibilidad de entendimiento es ofrecer fórmulas intermedias con las que “atemperar la absurda diversidad que paraliza la renovación, para así alcanzar tanto el principal objetivo de renovar el CGPJ como de diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente.
Nombramientos menos discrecionales
La propuesta trata de limitar “la inevitable discrecionalidad actual” de los nombramientos que vaya a realizar el CGPJ aplicando los principios constitucionales de mérito y capacidad.
En este sentido propone modificar tanto la fórmula de selección respecto a los cargos gubernativos como a los nombramientos del Alto Tribunal y acompaña cada una de las necesarias modificaciones legislativas.
Guilarte propone que la elección de los denominados cargos gubernativos, es decir, presidencias de Audiencias, TSJ y Salas, se lleve a cabo por los propios jueces del territorio afectado o de la Sala correspondiente.
Los electores deberían ser todos los miembros de la Carrera Judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas. Los candidatos habrán de presentar un programa de actuación sobre la mejora en su caso del órgano.
De esta forma se lograría la finalidad constitucional de evitar que sea “el Gobierno” el que pueda decidir o incluso influir en los nombramientos y ascensos de los miembros de la Carrera Judicial.
Respecto a la elección de magistrados del Tribunal Supremo la propuesta consiste en que sean nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por Magistrados del TS, presidida por un Vocal Magistrado del TS, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de Magistrado del TS, en caso contrario.
Se trata de evitar la “mácula” política de los nombrados y de potenciar que imperen el mérito y capacidad en la composición del Alto Tribunal, así como independizar su valoración respecto de los méritos acreditados por quienes opten a la plaza.
En este sentido, la Comisión podría estar compuesta por cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso, en la que se integrarían en todo caso Vocales del CGPJ si reunieran la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos.
Según Guilarte, previamente habrá que determinar esa capacitación in abstracto.
“Caso contrario, hasta alcanzar el número de tres miembros de la Comisión, serían designados Magistrados del TS por sorteo y turno rotatorio”, prosigue la propuesta.
Vicente Guilarte concluye que de esta manera la Carrera Judicial tendría un peso decisivo en la conformación de estas Comisiones.
“Los otros dos miembros de estas Comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada”, remarca.
Para el presidente por suplencia del CGPJ, quizás sea ya momento de diseñar la carrera judicial, es decir el cursus honorum que permita conocer apriorísticamente cuáles son los méritos a valorar para acceder a la cúpula de la Judicatura, dada la relativa discrecionalidad actual del CGPJ.
Por último, Guilarte considera que una vez renovado el CGPJ mediante esta fórmula, se debería proceder bajo los nuevos parámetros de objetividad al nombramiento de todas las plazas discrecionales vacantes. Eso sí, “el compromiso político, en el momento de la renovación, debiera ser que no se sacaran las plazas vacantes a concurso en tanto no se arbitraran las formas de objetivar los nombramientos discrecionales: las que propongo o cualesquiera otras imaginables”.
