La Fiscalía ve razonable investigar "todos los contratos" suscritos entre Unidas Podemos y la empresa Neurona, de modo que apoya que el juez que investiga al partido, Juan José Escalonilla, pida información a la Junta Electoral Provincial de Madrid sobre las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019.
Rechaza la Fiscalía el recurso de podemos contra la decisión del juez porque entiende que si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia Neurona, que parece vinculada con el partido, ve razonable investigar todos los contratos.
La Fiscalía advierte, en el escrito donde impugna el recurso de Podemos, de que el hecho de que se hicieran pagos a una empresa indiciariamente ficticia, obliga a realizar una mínima investigación. Llama la atención sobre el hecho de que después de siete meses de investigación, ni Podemos ha podido despejar las dudas sobre sus contratos con Neurona y ni siquiera ha podido determinar qué trabajadores tuvo o cuánto tiempo trabajaron en España.
El magistrado se dirigió el 4 de noviembre de 2020 a la Junta Electoral Provincial de Madrid para que le informase sobre "la identidad del administrador electoral" de Unidas Podemos-Izquierda Unida en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, y las cuentas electorales que designaron para recaudar fondos.
Algo que apoya la Fiscalía, según informa en un comunicado, porque "si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos entre Neurona y la formación Unidas Podemos".
El Ministerio Público recuerda que el "principal objeto" del procedimiento donde está imputado Podemos es "determinar la realidad o no del contrato" suscrito para las elecciones generales del 28A y que podría ser constitutivo de delito electoral.
Añade que el resultado de esta investigación "puede ser incluso en interés" para Podemos dado que podrían extraerse conclusiones en su beneficio, respecto a "la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados", y no ve impedimento para ordenar esa diligencia en el hecho de que las cuentas de las elecciones autonómicas ya fuesen auditadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
