El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha negado este jueves 16 de julio de 2026 ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para interferir en investigaciones que afectaran al Gobierno o al PSOE. Durante una declaración, rechazó haber ordenado "ponerse de perfil" en la causa que afectó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tal y como sostuvo el exjefe de la UCO Rafael Yuste en su declaración el pasado 27 de mayo.
Llamas compareció como investigado en el caso Leire, en el que el magistrado analiza una presunta trama destinada a desacreditar procedimientos judiciales que afectaban al Ejecutivo y al entorno del presidente del Gobierno. Según fuentes jurídicas, el mando respondió durante cerca de hora y media a las preguntas de la Fiscalía, lo que llevó al juez a aplazar hasta este jueves la declaración prevista de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
Además de negar haber dado instrucciones para que la UCO actuara con pasividad en varias causas, Llamas rechazó haber intentado influir en el trabajo de los investigadores o interferir en procedimientos que afectaran a miembros del Ejecutivo o del PSOE.
Las explicaciones sobre las investigaciones internas
Durante su comparecencia, el DAO defendió la apertura de informaciones reservadas a miembros de la UCO por presuntas filtraciones y aseguró que este tipo de actuaciones forman parte del funcionamiento habitual de la institución.
En relación con el expediente abierto tras la difusión del correo electrónico de Begoña Gómez en el procedimiento que afectaba a David Sánchez, explicó que, antes de iniciar la investigación interna, solicitó explicaciones del jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, por la publicación de esos datos personales.
Según su versión, una vez abierto el expediente, recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también le pidió explicaciones después de que la dirección de correo de la esposa del presidente del Gobierno comenzara a recibir numerosos mensajes ofensivos tras hacerse pública.
Llamas sostuvo que la apertura de ese expediente estuvo motivada por la difusión de datos personales que afectaban al presidente del Gobierno y a su entorno familiar. Por otro lado, defendió la labor desarrollada por la UCO, aunque reconoció que mantenía una mala relación con su anterior responsable, Rafael Yuste, sustituido posteriormente por el coronel Pedro Merino tras su ascenso a general.
La investigación del caso Leire
Tanto la Fiscalía como el juez Pedraz atribuyen a Llamas y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por las presuntas presiones ejercidas sobre investigadores de estas causas.
La imputación de Llamas se originó a raíz de un informe de la propia UCO que recoge el testimonio del entonces jefe de la unidad, Rafael Yuste. En esa declaración, Yuste aseguró que el DAO y el exdirector general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, habrían ejercido presiones para que la unidad se limitara a "ponerse de perfil" en la causa que afectaba al hermano de Pedro Sánchez.
La investigación también analiza los contactos mantenidos entre Mercedes González y la exmilitante socialista Leire Díez. Según las pesquisas, ambas mantuvieron varias conversaciones telefónicas y tres encuentros entre septiembre de 2024 y abril de 2025. En su declaración, Llamas afirmó que fue la propia directora general quien le comunicó el 5 de mayo de 2025 que conocía a Díez. Por su parte, González reconoció esos encuentros, aunque insistió en que se trataron de reuniones de carácter informal.
