El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy estudiar la adopción de medidas jurídicas para que el Estado resarza al consistorio "por el perjuicio en la imagen de la ciudad y los males causados por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad" el 1 de octubre.
El ayuntamiento gobernado por Ada Colau también ha acordado "constatar el derroche de recursos públicos en la llamada Operación Copérnico", destinada a impedir el referéndum del 1-O, y que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, cuantificó en 87 millones.
La propuesta la ha llevado al pleno el grupo del PDeCAT (9 concejales) y se ha aprobado con el apoyo del gobierno de Barcelona en Comú (11), ERC (5), CUP (3) y del concejal no adscrito, y los votos en contra de Ciudadanos (5), PSC (4) y PP (3).
El exalcalde Xavier Trias (PDeCAT), que ha defendido la iniciativa, ha considerado "un auténtico escándalo" la "utilización de la violencia para intentar evitar que la gente pueda expresar su opinión" y ha asegurado que en España "se están volviendo a convertir las fuerzas de seguridad en fuerzas de represión".
Trias ha asegurado que la pérdida de imagen de Barcelona "no es por el 'procés', por ir a votar, sino por la utilización de la violencia por la fuerza pública", y ha pedido estudiar el resarcimiento por parte del Estado.
El teniente de alcalde Jaume Asens se ha manifestado de acuerdo con el planteamiento y la propuesta del exalcalde y ha indicado que los servicios jurídicos municipales la estudiarán.
Aun así, ha avanzado que es "poco viable" plantear una reclamación por un valor "abstracto como es la imagen".
Asens ha recordado que hay un proceso penal abierto por las cargas policiales del 1-O, en el que el consistorio está dispuesto a personarse para reclamar por los daños causados.
Contra la opinión de la mayoría del pleno sobre la operación Copérnico se han manifestado Cs, PSC y PP, que han defendido la actuación policial.
La líder de Ciudadanos, Carina Mejías, ha manifestado "vergüenza ajena" ante la propuesta formulada por Xavier Trias y le ha dicho que si alguien debe resarcir a Barcelona son ellos y su gobierno, por la fractura que han causado, por la huida de empresas y por el dinero destinado al proceso independentista.
En la misma línea, y en una intervención vehemente, el presidente del grupo del PP, Alberto Fernández, ha subrayado que la operación Copérnico "era necesaria" para impedir dejar "sin amparo" a los catalanes y la "rendición del Estado frente a la independencia".
