Esta semana se han cumplido 10 años de la tragedia ferroviaria del 24 de julio de 2013, las sesiones del caso Alvia, celebradas en la Cidade da Cultura de Santiago, han llegado a su fin con el silencio de los dos acusados, el maquinista Francisco Garzón Amo y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Andrés Cortabitarte, que se enfrentan cada uno a cuatro años de prisión.
La última sesión del juicio del accidente del Alvia del año 2013 estuvo marcada ayer por las lágrimas del maquinista y por un grupo de víctimas que se concentró exigiendo "justicia" e increpando a los abogados del Estado a su entrada (Adela Álvarez y Javier Suárez) que han ejercido la defensa de la empresa pública ADIF en este proceso. Los mismos abucheos se escucharon referidos a Cortabitarte y al fiscal Mario Piñeiro, que en el último tramo del juicio retiró la acusación contra el exjefe de ADIF.
El abogado del maquinista Francisco Garzón alega que su defendido "no es responsable de la negligencia de Adif", la empresa pública cuyo ex director de seguridad está procesado en el juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013. Al contrario, el letrado considera al conductor "una víctima". Así lo ha afirmado en su intervención durante la última sesión del juicio, que este jueves ha concluido con los informes finales de las dos defensas: la de Garzón y la del ex responsable de seguridad de Adif .
El letrado de Garzón se opone a las acusaciones contra el maquinista al entender que los hechos que propiciaron 80 muertes y 145 heridos en la curva de A Grandeira "no son constitutivos de delito", ha cargado inicialmente contra el "relato" de Adif, por los "sesgos". De este modo, lo ha contrapuesto a la "línea coherente y real desde el principio" por parte del trabajador de Renfe, que habló "libremente desde el mismo instante en que se produjo el siniestro".
Para la defensa del maquinista, la "falta de análisis y mitigación de los mismos", también "la falta" de señalización en la curva y "de protección del tren", así como el "deficiente cuadro de velocidades máximas" y la "deficiente formación" del maquinista motivaron el descarrilamiento. En este sentido, ha criticado que la línea entre Ourense y Santiago fuese puesta en servicio en "condiciones inseguras de explotación", cuando Adif "tenía el deber de garante".
Asimismo, este abogado ha opinado que era la operadora "la que tenía que haber parado sus trenes, y no sus trabajadores", ante "el peligro de la curva", que "era un clamor". La "obligación de realizar una evaluación de riesgo no nació en julio de 2010", sino que "existe desde la directiva de seguridad" de 2004, según ha advertido. "Adif ni evaluó ni gestionó el riesgo intolerable. Esta es la causa raíz del accidente. Siendo previsible el error humano de cualquier maquinista", ha sostenido.
La defensa de Andrés Cortabitarte en cambio ha abogado porque "todo en Adif y todo en Renfe se ha hecho bien excepto la conducta del maquinista", exentando a su representado de toda responsabilidad. En la última sesión del juicio, el letrado defensor de Cortabitarte ha pedido su absolución en una intervención que ha comenzando criticando que "se pone el foco" en su cliente y "no se sabe de qué se le está acusando", pero se le pone como "una especie de Cid Campeadorde todo el sistema ferroviario". Por su parte, entiende que "no merece ningún reproche penal ninguna de las otras conductas más allá de la conducción del maquinista".
La jueza analizará ahora los más de 70 mil folios de documentación, además de unas 200 piezas separadas sobre las víctimas, 80 pasajeros fallecidos y 145 heridos, por lo que la sentencia no se espera hasta la primavera de 2024. La jueza ha declarado que "el juicio queda visto para sentencia e intentaré estar a la altura".
