En concreto, más de la mitad de los lanzamientos -que incluyen todo tipo de inmuebles-, es decir, un 53% (35.677), se derivó de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otro 43,4% (29.255) fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias.
Otros 2.457, obedecieron a otras causas, según los datos del CGPJ, que muestran que los lanzamientos por impagos del alquiler descendieron un 1,1% frente a 2014, aunque aquellos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 1,2%.
Por comunidades autónomas, la cifra más elevada de ejecuciones iniciadas en 2015 se registró en Cataluña, con 15.557 (el 23,1% del total), seguida de Andalucía (10.694) y la Comunidad Valenciana (10.037).
