El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria ha condenado al Gobierno vasco a abonar cerca de 200 millones de euros en indemnizaciones a 3.000 exprofesores del sistema público que optaron por la prejubilación hace una década a cambio de una prima que nunca recibieron. La jueza de primera instancia considera que se trata de un derecho consolidado y señala a la Administración.
Reclaman las indemnizaciones
El asunto genera tensiones desde el primer día, pero especialmente desde que el colectivo de afectados creó en 2017 la plataforma Adostuz y mantiene vivo el pulso con el Ejecutivo. Reclaman las indemnizaciones que el Departamento de Educación ofrecía a los docentes de Primaria y Secundaria que se prejubilaban para facilitar el relevo generacional en el sector y, de paso, ahorrar el pago de muchos trienios a la Administración. La prima se congeló en el decreto que impuso una batería de recortes a los funcionarios
Las primas comprometen al Gobierno vasco a abonar un máximo de 18 mensualidades a los profesores que se jubilan antes de cumplir los 65 años. La cuantía varía mucho en función de cada caso, aunque algunas fuentes estiman que la indemnización podría rondar los 40.000 euros por afectado. Fueron suspendidas en 2012 mediante un decreto en el que se recogían una batería de recortes en las condiciones laborales del personal de la Administración para hacer frente a la crisis.
Desde entonces el número de profesores que se han prejubilado supera ya los tres millares, aunque la denuncia que ha generado la sentencia está interpuesta por Adostuz en nombre de los 2.623 docentes que llevan más tiempo esperando. La plataforma argumenta que la norma que eliminó el bonus decretaba su «suspensión» y no su eliminación, por lo que, una vez derogado el decreto, el pago debería retomarse. El Gobierno no lo ve así, porque año tras año la Ley de Presupuestos insiste en que la Administración no tiene la obligación de abonar las indemnizaciones.
