6 muertes, 5 impactos de bala, 4 lesiones por pelotas de goma, 2 agresiones y 28 casos de maltrato grave. La comisión responsabiliza en 18 casos a la Guardia Civil, 15 a la Policía Nacional, hay cuatro casos de ambos cuerpos en detenciones distintas y uno de la Ertzaintza. La ley establece 135.000€ por fallecimiento y 390.000 por gran invalidez, pero deja fuera por ejemplos secuelas psicológicas que se pueden estar arrastrando durante décadas. El informe pide que se derogue de la ley "la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones, sean estas permanentes o no".
Los expertos que han comparecido en el parlamento han desvelado que en el último año su actividad se ha visto marcada por las más de 500 solicitudes de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque sus casos no entran en los supuestos de esta ley. Denuncian que haya quien, con "mala fe manifiesta", encauza estas peticiones "donde saben que no pueden ser atendidas", añaden que ello "lastra a la comisión" con un trabajo añadido y piden que se detengan esas "malas prácticas" en nombre de la "ética, la decencia política y la dignidad de las víctimas".
