ANSE y WWF alertan a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia sobre la aparición de ejemplares de atún rojo, en distinto estado de descomposición, varados a orillas de las costas murcianas, creando la alarma entre los bañistas.
Las organizaciones han solicitado a las administraciones que investiguen la causa de estos episodios de mortalidad de ejemplares de atún, y sus responsables. Asimismo, han pedido que evalúen si estos hechos pueden ser constitutivos de delito.
El velero Else de ANSE encontró en septiembre, al menos, siete ejemplares de atún rojo de entre 150 y 200 kg de peso en la parte exterior del polígono de acuicultura de San Pedro del Pinatar (Murcia). A este avistamiento se suman innumerables publicaciones en redes sociales de ciudadanos anónimos que este verano han visto cómo llegaban a la playa cadáveres de atunes de gran envergadura.
Cabe recordar que la población atlántica-oriental y mediterránea de atún rojo estuvo severamente sobreexplotada a principios de siglo. Sin embargo, gracias al plan de recuperación que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) estableció en 2007, con un fuerte impacto socio-económico, se logró recuperar plenamente y la cuota máxima de captura actual es la más alta de la historia.
A su vez, tanto la Política Común de Pesca, como la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera aprobada este año, establecen que los repartos de derechos de pesca deben hacerse incentivando una pesca más social y ambiental, elemento que se ha aplicado sólo tímidamente en esta pesquería. Las organizaciones insisten en que hay muchos pescadores artesanales sin cuota o con cuotas exiguas, por lo que resulta incomprensible que sigan en marcha estas prácticas irregulares.
La pesquería de atún rojo (Thunnus thynnus) está regulada por el plan de ordenación plurianual establecido por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, en sus siglas en inglés). Para cumplir con las obligaciones de este plan, existe un régimen de control y seguimiento de las operaciones llevadas a cabo por los cerqueros y las granjas de engorde que establece la Secretaría General de Pesca. La ICCAT establece que todas las transferencias de atunes desde buques cerqueros a jaulas, todos los enjaulamientos, las liberaciones desde las jaulas de cría y las transferencias entre jaulas deben realizarse siempre ante la presencia de un observador acreditado por la Comisión y que las bajas de todos los individuos deben estar registradas en un documento de captura electrónico del atún rojo (denominado eBCD). Las mortalidades comunicadas descuentan posibilidades de pesca.
Debido a todos estos controles, las organizaciones muestran su preocupación por las numerosas apariciones de cadáveres de atún rojo y que se estén incumpliendo con estas obligaciones por algunos operadores para no perder dichas posibilidades de pesca.
Por otra parte, la retirada de los cadáveres de las playas a través de gestor autorizado está siendo costeado por los ayuntamientos, y en algunos casos se ha observado a personas troceando a los animales para su consumo, lo que pondría plantear riesgo para la salud.
