El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha dicho que en la Región de Murcia un porcentaje muy bajo de personas que están bajo el umbral de la pobreza reciben la Renta Mínima que gestiona la Comunidad Autónoma "y además reciben una cuantía tan mínima que de ninguna manera permiten a los perceptores garantizar su supervivencia".
Así se desprende del Informe Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2020 , que ha publicado el Ministerio de Derechos Sociales.
En la Región de Murcia hay 309.771 personas en riesgo de pobreza de las que solo 19.783 están recibiendo la Renta Mínima de Inserción. La tasa de riesgo de pobreza en la Región es del 20,4%.
El gasto por titular de Renta Mínima de Inserción en la Región es de lo más bajos de España: 2.951 euros al año por perceptor que es lo que está pagando la CARM.
País Vasco y Navarra alcanzan porcentajes del 60% y Asturias, Cantabria, Cataluña, Aragón y Baleares alcanzan porcentajes superiores al 10% de personas beneficiarias sobre su umbral de pobreza. Castilla La Mancha, Canarias y Galicia no llegan ni a la cobertura del 5%. En la Región de Murcia el porcentaje es del 6,4%.
Madrid es la que más reduce el número de personas beneficiarias (-12.471 personas), Cataluña la que más aumenta (+42.414 personas) y la Comunidad Valenciana la que más aumenta la cobertura respecto a las personas en situación de riesgo de pobreza (+2,72%).
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han pedido al Ministerio que simplifique los procedimientos del IMV y cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias como se había comprometido, y recuperar los 1.000 millones que no ha gestionado en el año de la crisis social mayor de la historia reciente de nuestro país.
Y piden a las CCAA que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral.
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales advierten de que siete comunidades han iniciado en el año de la pandemia el desmantelamiento de las Rentas Mínimas, reduciendo el número de personas beneficiarias y recortando el presupuesto con la coartada de que ya existe el Ingreso Mínimo Vital cuando, dice Ramírez, son cosas distintas. "La Renta Mínima debe garantizar la inclusión social de las personas pobres que hayan caído en el pozo de la exclusión por lo que es absolutamente necesario que esa prestación social se mantenga".
