Un informe técnico de la Dirección General de Medio Ambiente concluye que los vertidos realizados por las empresas Vanda Agropecuaria, Roque Madrid, Hormigones Mar Menor, Ciky Oro, G's España, Inagrup e Isidro Soto pudieron constituir entre un 13% y un 29% del total de nitratos que se estima acaban anualmente en el Mar Menor.
El informe técnico de la Dirección General de Medio Ambiente al que ha tenido acceso Onda Cero concluye que la entrada de nitratos afectó "a la totalidad de la laguna y en consecuencia a todos los individuos y hábitats presentes en la zona afectada".
"La cantidad total de nitratos ha contribuido a que se produzca un impacto severo sobre el Mar Menor (según informe del IEO) y a que se alcance un daño ambiental significativo calificado como “agudo” en la laguna, sólo considerando su efecto sobre la población de nacras (Pinna nobilis), especie clasificada en “peligro de extinción”, considerada en situación crítica de desaparición, sin tener en cuenta los efectos sobre otras poblaciones" dice el informe.
La Comunidad Autónoma estima que el coste de reparación de los daños ocasionados es teórico y está basado en el coste de desnitrificación de las salmueras vertidas (por su relación directa según bibliografía científica con el proceso de eutrofización de la laguna).
Según el documento “Diseño de la red de recogida y transporte de los rechazos procedentes de las desalobradoras del ámbito regable de la C.R.C.C y su posterior tratamiento y vertido al Mar Mediterráneo” tendría un coste medio de 0,575€/m3 de salmuera, lo que supone un coste total de reparación de 2.450.027,09€. La sanción más elevada, 1,1 millones de euros, es para el holding empresarial G's España.
Los técnicos de la Comunidad Autónoma calculan que la actividad de las desalobradoras afectó a una superficie de 135 kilómetros cuadrados de la laguna, que se vertieron cerca de 4,26 hm3 de salmuera, el equivalente a 1700 piscinas olímpicas, con más de 1000 toneladas de nitratos en poco más de cinco años (entre 2012 y 2017).
Algunas de las empresas sancionadas por la Comunidad Autónoma están siendo investigadas también en el "caso topillo" por la crisis eutrófica del Mar Menor.
CONCLUSIONES
- Las entrada de salmueras al Mar Menor procedente del funcionamiento de las desalobradoras precintadas, ha conllevado según los datos manejados, la entrada de 1.126 toneladas de nitratos al Mar Menor entre los años 2012 a 2017 (5 años y medio), lo que supone una cantidad anual aproximada de 205 toneladas de nitratos. Se estima, según el Informe Integral del Comité de Asesoramiento Científico (2017) que la cantidad anual de nitratos que podría estar entrando al Mar Menor oscila entre 700 y las 1600 toneladas, por lo que la entrada anual de nitratos procedente de las desalobradoras objeto de denuncia podrían haber supuesto entre el 13% y el 29% de los nitratos que anualmente han entrado al Mar Menor.
- El daño medioambiental producido dada la cantidad de nitratos estimada que forman parte de las salmueras y el porcentaje de esta cantidad respecto al total de nitratos que según el Informe del Comité de Asesoramiento Científico, entra anualmente al Mar Menor, es sin duda significativo y ha contribuido a que el Mar Menor alcance los actuales niveles ecológicos, si bien hay que indicar que este estado actual es la suma también de otros muchos impactos consecuencia de numerosas actividades que se desarrollan en el entorno del Mar Menor. Este deterioro global ocasionado al estado ecológico del Mar Menor ha sido calificado en el Informe del IEO como SEVERO.
- Extensión: Se estima que la entrada de salmueras, con sus correspondientes nitratos ha afectado en mayor o menor medida a todo el Mar Menor, con una superficie de 135 km2.
- Niveles: El nivel de daño ocasionado por la entrada de nitratos afecta a la totalidad de la laguna y en consecuencia a todos los individuos y hábitats presentes en la zona afectada, entre los que se encuentran especies en peligro de extinción como la nacra (Pinna nobilis) clasificada en situación crítica y también hábitats de interés comunitario clasificados como prioritarios, como el caso del 1150* Lagunas costeras. Respecto a la nacra, y teniendo en cuenta la evolución de su población según detalla el IEO en su Informe sobre evolución y su estado actual (2020), un estado ecológico deficiente continuado a lo largo del tiempo, consecuencia entre otras cuestiones, de las salmueras procedentes de la actividad agrícola, podría suponer la extinción de la especie dada su situación crítica actual.
- A la vista de los Informes mencionados, teniendo en cuenta las toneladas de nitratos que han entrado al Mar Menor consecuencia de la actividad de desalobración y según su propia definición, la severidad del daño, contemplada a nivel global se considera como “AGUDA” ya que se ha producido un nivel de intensidad de entrada de nitratos (entre el 13%-29% respecto del total) que representa efectos adversos claros y a corto plazo sobre el receptor, con consecuencias evidentes sobre los ecosistemas y sus hábitat y especies. Según la definición, los efectos agudos suponen una afección sobre al menos el 50 por ciento de la población expuesta al agente causante del daño. En este sentido cabe señalar el Informe del IEO, que respecto a la población de nacras del Mar Menor (Pinna nobilis), “en 2017 se observó un fuerte declive de la población, probablemente asociado a los efectos producidos por la crisis eutrófica que la laguna sufrió en 20163”, declive que estimaron superior al 50%.
- En cuanto a la cantidad vertida de manera individual por los distintos operadores responsables, se establece que la intensidad del daño realizado por G'S ESPAÑA HOLDINGS, SL Y G'S ESPAÑA SLU, CIKY ORO, S.L, y VANDA Agropecuaria, se puede considerar AGUDA, debido a su actividad ha constituido un 19%, 40% y 28% del total de nitratos que han entrado al Mar Menor del total de las desalobradoras precintadas, lo que se ha calificado además como una infracción muy grave respecto a la Ley 42/2007. En el caso del resto de operadores: INAGRUP, SL, Roque Madrid Pérez, Isidro Soto Pedreño y Hormigones Mar Menor, S.L se puede considerar una intensidad CRÓNICA ya que los aportes de nitratos han constituido un 5% del total de nitratos aportados por las desalobradoras precintadas en los dos primeros casos y un 1% en los otros dos casos, y porque además, se trata de una infracción calificada como grave de acuerdo a la Ley 42/2007
El TSJ obligó a la CARM a exigir responsabilidad ambiental a las empresas
El informe técnico de valoración de daños se produce después de que TSJ obligase a la Comunidad Autónoma a exigir responsabilidad ambiental a ocho empresas agrícolas responsables de vertidos a la laguna previamente señaladas por Fiscalía.
La Comunidad Autónoma se negaba a ello al entender que no era de su competencia, sino competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. En marzo de 2022, el TSJ sentenció que la CARM era la entidad competente y la obligó a abrir expediente de responsabilidad a las empresas señaladas como responsables de los vertidos.
"Aún falta mucho"
Pedro Luengo de Ecologistas en Acción ha relatado en Onda Cero que aún no hay propuesta firme de resolución de sanción por parte de la Comunidad Autónoma para las siete empresas. "Se trata solamente de un informe técnico de valoración". Luengo ha explicado que "la Comunidad Autónoma ha puesto todas las pegas posibles para no que no se haga este informe. Con tanta falta de ganas que les caducó el expediente y tuvieron que reabrirlo y lo han hecho porque lo ha exigido un tribunal. Lo han hecho a regañadientes".
"La sanción nos parece bien y necesaria porque el que contamina debe pagar y no hay manera de resarcir el daño provocado. Se valora lo que hubiese costado desnitrificar esa salmuera para evitar sus efectos en el Mar Menor" dice Luengo.
El portavoz de Ecologistas en Acción teme que cuando la resolución con la propuesta de sanción llegue a la mesa del Consejo de Gobierno "el importe de la sanción se reduzca mucho o quede en nada porque habrá presiones". "Vemos un riesgo porque VOX está en la mesa del Consejo de Gobierno y los tres primeros puntos del acuerdo PP-VOX hacen una defensa a ultranza del sector agrícola, del "Agua para Todos" y por evitar cualquier injerencia externa sobre el sector agrícola. Creemos que habrá reticencias a que se apruebe en Consejo de Gobierno. Estamos lejos de que ver esta sanción realmente ejecutada porque las empresas aún deberán pronunciarse y puede que lleven el caso a los tribunales".
