El presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontología, Carmelo Gómez, sostiene lo que afirmó en noviembre y es que "se está produciendo un gerontocidio promovido por los políticos que han vuelto a olvidarse de los ancianos que viven en residencias una vez que les han puesto la vacuna contra el coronavirus".
"Volvemos a estar en la cola de prioridades y eso es muy grave. No tenemos medios para una atención correcta. Cumplimos el decreto de mínimos pero no es suficiente para una buena atención. El gobierno regional se tiene que sentar ya con nosotros para renovar un decreto de 2005 que ha quedado obsoleto. Los centros de salud se han vuelto a olvidar de nosotros otra vez. Los ancianos de residencias estén en el cupo de los médicos y enfermeras de los centros de salud y no reciben atención".
"El decreto regional de 2005 establece que para 100 ancianos el mínimo es de 5 horas de enfermera al día y con eso no hay tiempo ni de tomar las constantes ni de dispensar la medicación" subraya Gómez.
Más de la mitad de ancianos de residencias son totalmente dependientes y eso significa hacen vida cama-sillón, más de la mitad padecen demencias graves, la mitad están en situación de final de vida, la situación a nivel asistencial nos ha comido. La ley de dependencia dice que cuanto peor estés antes logras una plaza en residencia. La pandemia nos ha dado una torta en la cara y la administración, por justicia social y ética, debe hacer algo al respecto".
Carmelo Gómez, que coordina tres residencias de mayores de Mensajes de la Paz y preside la Asociación de Residencias Sin Ánimo de Lucro –ARSALU- lamenta que los responsables políticos no quieran sentarse a debatir con ellos sobre coordinación sociosanitaria y sobre la aprobación de un nuevo decreto de mínimos que garantice una atención adecuada dado que la mayoría de los ancianos de residencias padecen demencias y patologías graves.
El presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontología, Carmelo Gómez, reconoce que hay trabajadores de residencias que reciben salarios de beneficencia, pero afirma que no pueden elevarlos. En la región de Murcia hay 62 residencias de las que 55 son privadas y solo 4 públicas que atienden a unos 4000 ancianos. El precio de una plaza en una residencia pública es de 5000 euros, el precio que el IMAS paga por una plaza concertada es de 1700 euros "y así no hay margen para nada".
También reconoce Gómez que hay fondos de inversión que están haciendo negocio con las residencias de mayores porque así lo han permitido las administraciones.
Sobre la comisión de investigación en la Asamblea Regional planteada por Podemos en noviembre para investigar la gestión de las residencias en pandemia, Carmelo Gómez dice que no estaba justificada en ese momento. Tampoco cree que se hayan dado prácticas edadistas en la región durante la pandemia. También niega que haya situaciones de abandono y desatención en residencias de ancianos. Asegura que las inspecciones que realiza el IMAS se hacen por sorpresa, aunque sólo hay 4 inspectores para toda la región.
El Defensor del Pueblo pide más inspecciones en residencias
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, urge a las comunidades autónomas a aumentar las inspecciones en las residencias de mayores españolas tras la "catástrofe" que han vivido como consecuencia de la pandemia, pues en ellas han fallecido por Covid unos 30.000 mayores.
"Es urgente que las comunidades autónomas aumenten su capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existente y los diferentes modelos de gestión", subraya el Defensor del Pueblo en su informe anual, que se ha publicado este jueves 5 de mayo.
También reclama la revisión al alza de las ratios obligatorias de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial, especialmente de auxiliares gerocultoras. "No debe aplazarse", subraya el Defensor.
Asimismo, aconseja incorporar en todas las normativas autonómicas sobre residencias la presencia de profesionales de enfermería, medicina, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional y trabajo social; ymejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, con "bajos salarios y alta la temporalidad".
