El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar acciones legales para ejercer su derecho a comprar los terrenos de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Así, la Comunidad interpondrá ahora una demanda civil frente a la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) para hacer efectivo su derecho de retracto, que otorga a la Comunidad un derecho preferente para adquirir unos terrenos situados en este Parque Regional y declarados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Este paso se adopta ante el bloqueo y los impedimentos por parte de ANSE para llevar a cabo la operación tal y como establece la legislación.
Se trata en concreto de 13 fincas rústicas con una superficie total de 270 hectáreas situadas en los parajes de Calabardina y Cabo Cope, en el término municipal de Águilas, que son propiedad en la actualidad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y sobre los que la Comunidad ya había mostrado interés en el año 2018.
Sin embargo, la Sareb desmintió al Gobierno de Murcia y aseguró que no había recibido ninguna oferta para adquirir Cabo Cope en 2018.
En mayo del año pasado, y tras conocer que ANSE había alcanzado un acuerdo con la Sareb para adquirir estos terrenos por un valor de 500.000 euros, la Comunidad anunció su intención de ejercer este derecho de retracto, amparado en el artículo 40 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Diversidad, que permite a la Comunidad adquirir los terrenos al mismo precio.
Previamente, VOX había criticado la compra de esos terrenos por parte de ANSE y pidió al gobierno regional que ejerciera el derecho de retracto. El grupo parlamentario de Vox ha registrado en la Asamblea una iniciativa en la que insta a tomar medidas urgentes ante "un expolio del patrimonio natural"
ANSE considera que la CARM pretende aprovecharse del trabajo de ANSE en Cabo Cope sin garantizar su protección.
La Fundación ANSE ha rechazado por segunda vez la firma de la escritura de venta ante notario, y presentó el día de ayer recurso de reposición contra la Orden de la Comunidad Autónoma en la que le comunica a la Fundación que no abonará la mayor parte de los gastos, ni responde a las exigencias de aprobar los Planes de Ordenación y Gestión.
Los representantes de la Fundación ANSE fueron citados el día 08 de marzo a la firma de la escritura de venta, sin que la Comunidad Autónoma hubiera dado respuesta adecuada a la mayoría de las peticiones de la Fundación para que Cabo Cope y algunas fincas próximas pasarán a manos de la Comunidad.
La Asociación lamenta que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Patrimonio, pretenda abusar de las gestiones realizadas por la Fundación de ANSE para la compra de Cabo Cope, imponiéndole un retracto desproporcionado y sin garantizar la protección de la zona para siempre.
ANSE recuerda que el pasado verano se reunió con el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, al que mostró su disposición a que los terrenos comprados a la Sareb pasaran a manos de la Comunidad Autónoma, como ya habían pedido hace dos años, pero la CARM rechaza casi todas las peticiones de la asociación, y pretende imponer la compra sin diálogo ni compromisos de futuro.
La Fundación lamenta que el Gobierno Regional se niega a indemnizar muchos de los gastos de compra, como los intereses del préstamo que fue necesario asumir para la misma, de la campaña de recaudación de fondos, el compromiso para que Anse participe en la gestión futura de la zona protegida, la respuesta a la cláusula impuesta por la Sareb en la escritura de compra, indicando que ninguna administración podría ejercer el derecho de retracto y, sobre todo, la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.
En este sentido, la Comunidad Autónoma se ha limitado a anunciar el reinicio del trámite de aprobación del PORN, que ya fue iniciado hace años, y con una propuesta que conserva una amplia superficie urbanizable en su interior. ANSE y WWF opinan que, 28 años después de la aprobación de la Ley de Ordenación y Protección del Territorio que incluyó este espacio natural, se vuelve a la situación de partida.
