La Fiscalía Superior de la Región, según publica el periódico La Verdad, ha archivado por falta de indicios de delito la denuncia presentada por un grupo de empresas -la UTE formada por Ambulancias de Lorca, Ambulancias Martínez Robles, Murciana de Asistencia y Emergencias y Ambulancias Vega del Segura- contra la Consejería de Salud por la adjudicación del macrocontrato regional del servicio de transporte urgente, que ascendió a 340 millones de euros.
La Fiscalía entiende que los hechos denunciados no rebasarían la mera ilegalidad o el acierto o desacierto administrativo en su caso, sin adentrarse en la palmaria ilegalidad y actuación arbitraria que constituye la esencia del delito de prevaricación", la decisión adoptada y notificada ayer a los denunciantes es que no procede otra opción que archivar la investigación.
Los denunciantes, que se dirigían principalmente contra el ya exconsejero Manuel Villegas y contra el exgerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, constituyeron la UTE que resultó perdedora del concurso frente a la oferta encabezada por el Grupo La Generala a través de la compañía Ambulancia Do Atlantico.
Entre las supuestas irregularidades que se enumeraban en el escrito presentado en la Fiscalía se afirmaba que la Consejería de Salud actuó "con favoritismo" y de manera premeditada y presuntamente prevaricadora para adjudicar el contrato a la UTE conformada por Ambulancias do Atlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez.
Los denunciantes resaltaron que estas empresas "no disponían de medios suficientes, ni de vehículos ni de instalaciones, para concurrir al concurso", como tampoco podían justificar "experiencia alguna en el sector".
Después de varios meses de investigación y de análisis de la documentación recabada en la Administración regional, el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, deja constancia en un escrito -hecho suyo por el fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera- de que "buena parte de las irregularidades denunciadas han sido ya resueltas en vía administrativa por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, y se han interpuesto por el denunciante recursos contencioso-administrativos contra las decisiones adoptadas en el concurso público denunciado".
Y añade que, "en fin, el denunciante se muestra en desacuerdo con las valoraciones efectuadas por la Mesa de Contratación, pero no puede la Fiscalía proceder a realizar una 'valoración de la valoración', salvo que tuviese aspectos objetiva y patentemente arbitrarios carentes de la mínima justificación observables sin necesidad de especiales conocimientos técnicos, lo que no es el caso. Que algunas valoraciones sean discutibles y existan motivos para recurrirlos no los convierte lógicamente, en arbitrarios, ni mucho menos, con entidad penal".
El PSOE pidió en su día la creación de una comisión de investigación en la Asamblea Regional sobre la adjudicación del contrato de las ambulancias a empresas del grupo La Generala al considerar que se habían cometido irregularidades.
PP EXIGE A CONESA QUE PIDA PERDÓN
El portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado ha exigido a Diego Conesa que "pida perdón por sus acusaciones sobre el contrato de ambulancias desmontadas por la Fiscalía"
"Los socialistas han sembrado dudas y sospechas sobre la transparencia y legalidad de esta adjudicación para alimen-ar su campaña contra el PP", afirma el portavoz 'popular'
"Son los socialistas Conesa, Vélez y Arce los que tiene su expediente político manchado por la corrupción y han con-vertido al PSOE de la Región de Murcia en una vergüenza nacional", manifiesta Segado
