La Consejería de Agricultura adjudicó el contrato de retirada de biomasa con el informe en contra del Servicio Regional de Defensa de la Competencia y el voto en contra de la Intervención Delegada al apreciar indicios fundados de práctica colusoria entre cinco de siete empresas licitadoras.
El proyecto de retirada de biomasa está financiado en un 80% por fondos FEDER y un 20% por Fondos propios de la Comunidad Autónoma.
Aunque la propuesta económica realizada por la citada UTE era de 3,5 millones, el presupuesto total ascendía a 4,7 millones, finalmente la adjudicación se ha fijado en los 1,2 millones como consecuencia de la reducción del plazo en el que se realizarán estas tareas dado que el contrato se adjudicó a finales de junio y retirarán algas hasta el 31 de agosto.
Según los informes y actas a las que ha tenido acceso Onda Cero en exclusiva, el pasado 23 de junio, la Mesa de Contratación de la Consejería de Agricultura, adjudicó el servicio de retirada de biomasa vegetal limpieza de áreas marítimas del Mar Menor año 2023, a la “Unión Temporal de Empresas Transportes Europeos del Campo de Cartagena SL y Apideco SL” al entender que el Servicio de Defensa de la Competencia “en ningún caso” manifestó “indicios fundados, solo plausibles” de que las empresas licitadoras habían llegado a un acuerdo destinado a falsear la competencia. Entendieron los integrantes de la Mesa de Contratación para no impedir la adjudicación a la UTE formada por las mercantiles cartageneras Trecarsa y Apideco que “no bastan meras sospechas, rumores o conjeturas”. La CARM no apreció fraude en el contrato de la biomasa.
Sin embargo, la interventora delegada de la Consejería votó en contra de la adjudicación del millonario contrato al entender que había que insistir al Servicio de Defensa de la Competencia para que emitiera un informe concluyente sobre la existencia o no de indicios “plausibles” al entender que el término "plausible" equivalente al término “fundado” en terminología del artículo 150 de la Ley de Contratos.
La interventora emitió voto particular al entender que debían excluirse las empresas objeto de estudio de conductas colusorias “por existir indicios suficientes y fundados” de colusión.
El Servicio Regional de Defensa de la Competencia, el pasado 26 de mayo, emitió un duro informe en el que puso de manifiesto que había apreciado “indicios suficientemente plausibles” de que las empresas licitadoras Prezero España SA, Hera Holding Habitat Ecología y Restauración Ambietnal SL, Transportes Europeos del Campo de Cartagena SL (Trecarsa), Osepsa y la mercantil Apideco SL "habían llegado a acuerdos previos destinados a falsear la competencia".
Defensa de la Competencia apreció "similitudes sospechosas en las ofertas presentadas por cinco licitadores sin aparente justificación" y también apreció "ofertas no competitivas" que “son indicios de un escaso interés en resultar adjudicatarias del contrato” y que "la UTE formada por Trecarsa y Apideco incrementase sus opciones de resultar adjudicataria" como así resultó finalmente.
El Servicio Regional de la Competencia emitió informe a petición de la Mesa de Contratación después de que la interventora, en la reunión del 29 de marzo de 2023, expusiera, así se recoge en acta, que había dos empresas (Prezero España y Hera Holding) que habían presentado ofertas económicas prácticamente al tipo de licitación, “lo cual hace suponer que están dirigidas a interferir en el cálculo de las bajas temerarias”. También expuso que una empresa (Osepsa) podría estar en connivencia con otras dos (Trecarsa y Apideco) que habían presentado oferta con el compromiso de constituir una UTE “pues en una contratación similar realizada en 2021 las tres constituyeron una UTE y la oferta económica presentada por la empresa que ya no forma parte de la UTE ha sido menor, lo que podría sugerir la intención de que se adjudique el contrato a dicho UTE”.
¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DE LA BIOMASA RETIRADA?
Sobre la trazabilidad de las algas retiradas del Mar Menor, la Consejería de Agricultura, a preguntas de Onda Cero, ha informado de que "la retirada de biomasa cuenta con técnicos responsables de la gestión del proceso, está supervisado por un biólogo para que no suponga afección al medio, y por un servicio económico e intervención que fiscalizan las actuaciones y el dinero invertido en la retirada de biomasa".
Sobre el destino final de las algas, la Consejería informa de que "se contrata a empresas que tras extraer la biomasa, tal y como exige la ley, deben hacer un tratamiento del residuo. El primer objetivo es darle un segundo uso a dicho residuo, principalmente para la elaboración de abonos o para la realización de pistas para caballos. En caso de no poder valorizarse, se lleva a plantas de tratamiento y ese gestor las reutiliza o las deposita en vertedero". Según la consejería "lógicamente, la empresa que retira la biomasa paga al gestor autorizado de residuos que es quien recibe eso en vertedero".
CASI 41.000 TONELADAS RETIRADAS DESDE 2017
El Gobierno regional lleva desde el año 2017 retirando biomasa del Mar Menor para evitar su acumulación y descomposición, perjudicial para las playas. Aseguran que se trata de "una recomendación científica", aunque científicos del IEO dice que "se trata más de una medida cosmética" y que "no se estudiado ni probado su efecto beneficioso ambiental".
En el periodo 2017-2023 se han retirado 40.780 toneladas de biomasa lo que ha supuesto un gasto total de 16,6 millones de euros.
Solo en 2022 y lo que llevamos de 2023 el gasto ha ascendido a más de 12 millones € y se han retirado 33.039,52 toneladas a fecha 27 de junio.
Según afirman desde el Gobierno regional, esto ha permitido la extracción directa de 440 toneladas de nitrógeno y cerca de 16,12 toneladas de fósforo del ecosistema.
Durante este año 2023, la inversión para retirada de biomasa superará los once millones de euros.
