El 38% de la población murciana con carencias materiales severas (44.579 personas) recibió ayudas de emergencia social en 2020, el año de la pandemia, según informa la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En la Región de Murcia se estima que 115.405 personas (8% de la población) padece carencias materiales severas lo que significa que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días y no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada
Se trata de ayudas que ofrecen los servicios sociales de los ayuntamientos para cubrir necesidades básicas, como comer, vestirse o pagar el alquiler. El importe medio de la ayuda concedida en la Región de Murcia fue de 238 euros.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha iniciado una campaña para que las ayudas municipales de emergencia social queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones y se agilicen los procesos burocráticos.
Según el director de la citada asociación, José Manuel Ramírez, son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, "pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas"
Ramírez ha explicado que hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención "son dificultosas y humillantes"
La estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa.
Pensando en la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis, consideran que corresponde al Gobierno de España adoptar medidas efectivas para que puedan recibir las ayudas necesarias con la inmediatez que su situación requiere y por eso proponen:
- Modificar la norma para que queden las ayudas de emergencia social queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones, incluyéndolas en su Art. 2.4, todo tipo de Ayudas de Emergencia Social, sea cual sea la causa y sus efectos.
- Que la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia.
En definitiva, plantean la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales.
"¿Se imaginan que la prescripción de un facultativo de la sanidad fuese sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del Sistema de Salud tuvieran la consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo" dice Ramírez.
Se entiende que una familia tiene padece carencia material severa cuando:
- No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
- No pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada.
- No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).
- Ha tenido retrasos en el pago de la vivienda (hipoteca o alquiler, luz gas...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
- No puede permitirse disponer de un automóvil, teléfono, televisor, o lavadora
