La comisión de estudio para analizar la forma más sostenible y eficiente de gestionar los aparcamientos de la Praza de Galicia y la Praza de Vigo estará presidida por el alcalde, o un miembro de la Corporación en quien ella delegue; y formarán parte de ella representantes de todos los grupos municipales, en la misma proporción que las Comisiones Plenarias y con voto ponderado. También formarán parte de la comisión, con voz pero sin voto, el secretario general del Pleno, la dirección del Servicio de Asesoría Jurídica, el interventor municipal, el gerente de Tussa y el director del Área de Sostenibilidad y Servicios Básicos. Una vez constituida la comisión, se podrá acordar requerir el asesoramiento técnico que se considere, tanto de personal municipal como externo, para elaborar un informe que justifique la decisión sobre la mejor forma de gestionar los aparcamientos. En última instancia, será el Consejo Municipal el que defina este modelo de gestión.
Según ha recordado la portavoz del Gobierno, Miriam Louzao, "la voluntad del ejecutivo municipal es asumir la gestión directa tanto del aparcamiento de la Praza de Galicia, cuya concesión finaliza el 30 de junio de este año, como del de la Praza de Vigo, con contrato de concesión hasta octubre de 2026". El concejal explicó que, con este objetivo, "ya se ha trabajado previamente a la creación de la comisión". En este sentido, explicó que ya se han recopilado numerosos documentos que debe aportar la empresa concesionaria del aparcamiento de la Praza de Galicia, tanto relativos al personal como al inventario actualizado de las instalaciones. En este sentido, la concejala de Movilidad ha señalado que “el objetivo es finalizar los trámites lo antes posible, y por eso están realizando un trabajo importante previo a la creación de la comisión”.
Xan Duro insistió en que "a la espera de las decisiones que adopte la Comisión, el Gobierno mantiene el objetivo de asumir la gestión directa de los dos aparcamientos para impulsar políticas públicas en materia de movilidad". En este sentido, la concejala ha apuntado que “con una concesión a 50 años como la que tenemos actualmente, el Ayuntamiento no tiene margen de maniobra sobre las instalaciones, que con una gestión directa podrían ser utilizadas para implementar diferentes medidas a favor de los vecinos o del tejido comercial”.
Subvenciones estatales al transporte urbano
También en materia de movilidad, la Junta de Gobierno acordó solicitar la prórroga de las ayudas estatales al transporte colectivo urbano de viajeros, al amparo del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero. Se trata del subsidio que había sido suspendido a principios de año debido al retraso en la aprobación del conocido como “decreto ómnibus” en el Congreso. Según recoge el Real Decreto Ley, las ayudas se prorrogarán hasta el 30 de junio en las condiciones actuales que permiten reducir a la mitad el precio de los abonos multiviaje gracias a la subvención estatal del 30% y la ayuda municipal complementaria del 20%.
De esta forma, hasta el 30 de junio se mantendrán los precios actuales de los billetes: 0,30 euros por viaje con el billete ordinario; 0,20 euros por viaje con el bono escolar; y 13 euros el bono mensual.
Al mismo tiempo, el Consejo de Gobierno aprobó solicitar ayudas estatales al transporte urbano para el segundo semestre del año, lo que modifica las condiciones actuales. Así, tal y como recoge el Real Decreto Ley, se facilitan abonos gratuitos a los menores de hasta 14 años, con un descuento del 50% para los usuarios de 14 a 18 años; y un 20% de descuento en el resto de abonos, que se completará con otro 20% a cargo del Ayuntamiento. Para implementar estas ayudas será necesario reconfigurar la tipología de los abonos de transporte público de Santiago para diferenciar entre abonos infantiles (hasta 14 años) y abonos jóvenes (de 14 a 17 años).
Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobó la revisión de las tarifas del aparcamiento público Romero Donallo. Según el contrato de concesión de aparcamientos, los precios se actualizarán según el IPC, es decir, aumentarán un 2,8% respecto a la última revisión pactada en marzo de 2024.
