El gobierno de Ourense colecciona imputaciones como colecciona historias de enfrentamientos y agravios entre las dos familias que malviven en el grupo municipal. La ruptura en dos parece irresoluble con unas primarias a alcalde previstas para septiembre, y el amago de desembarco como aspirante del exsecretario xeral, Pachi Vázquez, la némesis de los principales ediles del gobierno local.
La guerra entre los "paquistas" -afines al exalcalde y su sucesor, representados en la agrupación de la ciudad- y los "pachistas" -fieles al exsecretario xeral que controlan la cúpula provincial- se armó de nueva munición en las alusiones que los segundos, cuyos cinco ediles díscolos se vieron suspendidos de militancia, asentaron ayer sobre los primeros: todas las investigaciones afectan al núcleo duro del regidor. Dos ediles de la guardia de Agustín Fernández se han convertido en el gran paradigma. Entre tanto y desde que la Pokemon rompió la normalidad hace 17 meses, los funcionarios se miden al firmar un papel. El pánico al juzgado.
La edil de Benestar Social, Marga Martín, suma dos imputaciones. En ambas decide el juez de Instrucción Dos, Antonio Piña. El magistrado la interrogará por la supuesta prevaricación de la calle Bedoya el 27 de marzo, casi el mismo día, pero un año después, de hacerlo por la gestión de ayuda a domicilio. Martín, aupada a número dos de la lista por Francisco Rodríguez en 2011, es el cargo que más cerca está de un hipotético juicio.
Ya en octubre, el juez le atribuyó tres posibles delitos de malversación de fondos y el rol de cooperadora necesaria en una estafa agravada con los dos empresarios, exsocios, de la adjudicataria de ayuda a domicilio entre 2007 y 2011. La edil no dimitió entonces. El código ético del PSOE la obligará si acaba en el banquillo. "Cuando lleguemos a esos tiempos, hablaremos", dijo a preguntas de un periodista hace unos días. "Nunca he incumplido los estatutos de mi partido", completó la primer teniente de alcalde.
Convencida de que su PXOM instaura un modelo de ciudad que disgusta a los poderes fácticos y a un promotor en concreto, Áurea Soto es una imputada múltiple. Acumula cuatro: por vetar el acceso al PXOM, por dar licencia a la residencia del campus sin que se desarrolle el entorno, por la legalización privada de un subsuelo público más la indemnización a la particular que pleiteaba -estas tres causas las sostiene el citado constructor- y, ahora, por Bedoya. Además, está denunciada junto al alcalde y a la directora xeral por contrataciones externas.
