La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, vuelve hoy a primera hora de la mañana a los juzgados para prestar declaración como imputada, en este caso ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, en esta ocasión por la negativa de permitir el acceso al documento del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, al decidir la confidencialidad del mismo.
La denuncia, presentada por un particular, lleva consigo que también preste declaración una funcionaria del área de Urbanismo, que ejerce las funciones de jefe de servicio en funciones. Después de que la Audiencia considerase que existen indicios de delito de prevaricación en la actuación de Áurea Soto al impedir a la Junta de Compensación de la zona 4 del Su25 (Lagunas) y a Cristina Rodríguez Martínez (propietaria de terrenos en esa junta y querellante en el asunto de la plaza San Antonio) el acceso y consulta del PXOM antes de su aprobación inicial.
En la querella se señala a la edil de Urbanismo como presunta autora de los delitos de prevaricación y contra los derechos individuales. El argumento de los denunciantes en ver el nuevo PXOM antes de la aprobación inicial era por las sospechas, que luego confirmaron en la exposición pública, ya finalizada, de que el nuevo planeamiento "varía drásticamente la ordenación del polígono de las Lagunas" , y acusan a Soto de tener como objetivo "bloquear a toda costa", como recalca el letrado Feijóo Miranda. Y alude a que no existen informes que avalen esa confidencialidad, por lo que la proclama de la edil de Urbanismo de que era secreto "es obviamente falso".
Plaza San Antonio
También está citado hoy el representante del estudio de arquitectura Fernández Carballeda, que prestará declaración como testigo por el caso de la plaza San Antonio, al que se le contrataron servicios externos, igual que al letrado Carlos Hernández, que también será citado.
La denuncia presentada por un promotor inmobiliario, que mantiene varios litigios con el Concello, todos vinculados al Urbanismo, señala un presunto delito de prevaricación en relación con licencias concedidas por Soto. En un escrito presentado al juez, alude a la vinculación profesional "directa y continuada" de los autores de los informes con la edil imputada y el despacho de abogados que asume su defensa, Antas&Hernández, lo que explicaría la "patente falsedad" de los informes, ya que todos ellos evitan referirse al fallo de las sentencias firmes del TSXG que declaran que la plaza de San Antonio es un espacio público en suelo y subsuelo.
Eso supone que no se puedan otorgar licencias que amparen la construcción, ocupación y uso del subsuelo por particulares -en la actualidad un parking privado-, como así lo señalan varios informes realizados por técnicos municipales, algunos de los cuales ya prestaron declaración ante el juez, llegando incluso a señalar que la edil de Urbanismo "no había dicho toda la verdad" en relación con la indemnización a una particular, que ascendió a 358.000 euros, ya que habría sido la propia Soto la que la tomó la decisión.
La denuncia concreta que a través de adjudicaciones de Soto a Fernández Carballeda, que según los datos está en los 250.000 euros, "no solo se trata de un trato de favor, sino que los honorarios que se facturan son escandalosamente elevados", además entienden que en todos los casos se trata de servicios profesionales que pueden y deben ser realizados por los técnicos municipales.
