La portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha querido aclarar a la ciudadanía la situación del convento de las Madres Concepcionistas que el ayuntamiento adquirió en su totalidad, 3.000 metros cuadrados, en el mes de diciembre de 2018 por 847.000 euros.
En lo que respecta al ocupante del local, Yáñez ha señalado que cuando el Ayuntamiento firmó las escrituras ante notario, “este señor no tenía contrato en vigor ya que las monjas le comunicaron que se le extinguía el contrato, aunque cuando iniciamos la expropiación forzosa, se le reconoce por el juzgado que pueda seguir depositando en una cuenta del juzgado el alquiler por importe de 110 euros, pero no se le reconoce ningún derecho más” Desde entonces, se ha mandado al tribunal de valoración de la Junta de Extremadura y, una vez llegue la resolución, se procederá a la expropiación forzosa.
Ha explicado la portavoz que, desde el equipo de gobierno, “nos reunimos con él, para presentarle las valoraciones de los técnicos municipales, que informaban que por el alquiler que abonaba le correspondían 12.500 euros, este señor no aceptó esta valoración y, para tener más garantía y ser lo más asépticos posible se encargó un informe externo a un economista y perito que lo valoraron en 25.000 euros ya que no tenía que amortizar ninguna inversión y solo se le pagaban los derechos como lucro cesante, propios de su actividad y que tampoco aceptó.
Ha relatado Yáñez que “este señor está jubilado, tiene jubilación mixta que le permite seguir, en un porcentaje similar, su actividad y exigía al Ayuntamiento casi 90.000 euros porque él quiere seguir con su actividad hasta los 90 años y entiende que tiene un derecho que no le reconoce la Ley, ni ninguno de los informes del Ayuntamiento”.
Yáñez ha sido contundente al asegurar que “no vamos a permitir que nadie extorsione al Ayuntamiento, ni que ningún partido político defienda los derechos de un particular que no tiene derecho y que quiera aprovecharse de esta administración y esta ciudad, no vamos permitir que ningún particular ni ningún partido política permita extorsionar ni engañar a los ciudadanos con patrañas y entresijos que, por la burocracia se está retrasando más de lo que debía”.
Por otro lado, la portavoz ha anunciado que se ha iniciado un expediente de reclamación dirigido al Consorcio de la Ciudad Monumental y a la Dirección General de Función pública para manifestar que el abogado que tiene el inquilino del local es trabajador del Consorcio de la Ciudad Monumental que tiene una compatibilidad para poder ejercer como abogado fuera del Consorcio pero, “en este caso está defendiendo a este señor de manera contraria a la Ley, porque tiene incompatibilidad manifiesta que no se ajusta a derecho ni a la compatibilidad que le tiene aprobada la Administración que va contra los intereses del Consorcio y del Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, contra los vecinos y vecinas de Mérida” ha señalado.
Ha continuado Yáñez que este abogado “no puede actuar en aquellos casos en los que se ejecutan actuaciones del ámbito urbanístico ni del PGOU, y entendemos que utiliza información privilegiada que obtiene de su labor profesional en la administración pública”.
A pesar de esto ello, las obras siguen adelante y en 15 días se procederá a la firma del acta de replanteo, para lo que ya se está elaborando el plan de seguridad y salud, comenzando con la extracción del fibrocemento y el amianto.
