El Partido Popular de Badajoz, a través de sus diputados en el Congreso, Víctor Píriz y Teresa Angulo, han pedido al PSOE que "deje de mirar para otro lado" ante el "problema" de la 'okupación' ilegal de inmuebles, "un delito que no es de derechas ni de izquierdas, sino un problema social que está causando graves problemas de inseguridad y de convivencia vecinal".
Los diputados 'populares' registraron el pasado mes una batería de preguntas en la Cámara Baja, dirigida al Ministerio del Interior, para conocer cuál era la situación, con datos oficiales, de la 'okupación' ilegal en la provincia de Badajoz, y que ha tenido respuesta esta misma semana.
Los datos oficiales, aportados desde el Ministerio, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señalan que se ha pasado de los 31 inmuebles 'okupados' en 2015 a 64 a fecha de agosto de 2022 en toda la provincia, según indica el PP de Badajoz en nota de prensa.
"Frente a esta situación", ha reafirmado, "que provoca casos como las caceroladas vistas en Badajoz capital para echar a unos 'okupas' de un bloque de viviendas de la ciudad, lo que fue el último recurso de varias familias que se tuvieron que echar a la calle, ante la imposibilidad oficial de hacer nada con las actuales medidas de Sánchez y sus socios, el PP ha presentado y propuesto medidas para defender y proteger los derechos de los ciudadanos".
En este sentido, los diputados pacenses en el Congreso han subrayado que ese paquete de medidas del Partido Popular pretende que se "deje de desviar la atención de forma demagógica" sobre la 'okupación', "mezclando esta cuestión con el problema de la carestía y escasez de viviendas, porque son cuestiones distintas".
Y es que, como han apuntillado, las necesidades de vivienda "no se pueden confundir con actividades delictivas de okupación", a la vez que han agregado que a una familia sin recursos hay que ayudarla, "pero a un ocupante ilegal no hay que desahuciarlo, sino desalojarlo de la vivienda de forma inmediata".
De este modo, el Partido Popular aboga por luchar contra esta "lacra", mediante medidas "eficaces y efectivas" que sirvan para respetar y defender tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho de acceso a una vivienda "digna".
En concreto, el PP propone el desalojo en un plazo máximo de 24 horas a aquellos que no pueden acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda donde viven; desalojo "inmediato" en caso de "flagrante" ocupación; reforzamiento de las penas por delito de usurpación de vivienda hasta 3 años de prisión; y mejorar la protección jurídica frente a actuaciones de mafias.
También considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal; prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener consideración de morada o domicilio; devolver a los propietarios las cantidades abonadas en concepto de IBI e Impuesto de Patrimonio durante el tiempo que su vivienda ha sido ocupada; y, por último, reforzar los equipos de las FCSE y de los tribunales de justicia a fin de garantizar la eficacia de las modificaciones legales que se implementen.
Los 'populares' han concluido que la formación se ha inspirado en la legislación de países como Alemania, Reino Unido y Francia para presentar una proposición de ley que se debatirá antes de fin de año en el Congreso de los Diputados, y que espera cuente con el mayor número de apoyos para que los ciudadanos se sientan "seguros".
