"He dicho siempre que no he tenido nunca dinero fuera de España". Así se ha pronunciado el 'expresident' de la Generalitat Valenciana y exministro del PP, Eduardo Zaplana, tras declarar ante el juez por el caso Erial en el que está investigado con otras 14 personas.
Zaplana ha defendido que nunca ha tenido "dinero oculto" en el extranjero y se ha desvinculado de las adjudicaciones de concursos públicos cuando era jefe del Consell: "No me dedicaba a eso ni me dediqué jamás".
Lo que se investiga en el caso Erial es el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
Durante la vista, Zaplana, que se enfrenta a una pena de 19 años de prisión - es lo que pide la Fiscalía - por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa, ha afirmado que "nunca" propuso a nadie que le gestionara dinero oculto en el extranjero: "Jamás, porque no he tenido dinero. No puedo pedir ninguna gestión para lo que no he tenido".
Sobre las adjudicaciones de contratos públicos cuando era 'president' de la Generalitat --en referencia a la privatización de las ITV--, ha explicado que no encargaba esto a nadie, sino que se creaba una comisión y se aprobaba todo por el Consell.
Y preguntado por el exconseller Juan Cotino, ya fallecido, ha asegurado que lo conocía "bastante" pero "nunca" hizo ningún tipo de negocio con él. En relación a si sabía que Cotino tenía negocios "importantes" con empresas que fueron adjudicatarias de las ITV, ha respondido: "Que tenía una relación con Sedesa lo sabía todo el mundo en política, no era nada oculto".
Preguntado por sus relaciones con el resto de acusados, Zaplana ha comentado que conoce "mucho" a Joaquín Miguel Barceló, al que el fiscal atribuye el papel de su testaferro, "desde la infancia", pero ha negado relaciones comerciales con él. También ha afirmado conocer a Francisco Grau --a quien el ministerio público considera el "financiero" de la organización y encargado de gestionar los fondos-- pero ha puntualizado que no mantuvo ninguna relación societaria ni de negocios con él.
Respecto al testigo Fernando Belhot, cuyo testimonio ha sido clave para procesar a Zaplana, el 'expresident' ha señalado que ha tenido una relación "amplia" con él: "En algún momento me ha propuesto varias operaciones económicas que nunca hemos concretado", ha apostillado, al tiempo que ha añadido: "Nunca ha gestionado patrimonio mío".
Interpelado por las sociedades creadas para recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, ha declarado Zaplana que las conoce por el sumario pero se ha desvinculado de las mismas: "Me han mirado 20 años y no tengo un papel firmado".
Por otro lado, preguntado por unos documentos que se le intervinieron en su maletín el día de su detención en los que aparecían algunas sociedades investigadas, ha dicho que se trataba de "un folio" que le entregó Francisco Grau para informarse de esas sociedades porque estaba intermediando en unos negocios a petición de Joaquín Barceló. "Pedí estos datos por ignorancia del asunto del que iba a intermediar. No conocía las sociedades", ha aseverado. Preguntado con quién iba a cerrar el negocio, el exministro ha respondido que con un empresario con el que ha tenido relaciones "durante mucho tiempo" pero que no recordaba su nombre.
Anécdotas y contexto
A su entrada al juicio, una persona que aguardaba la cola para entrar por el control de seguridad le ha recriminado al exministro que no guardara su turno. "Yo llevo aquí desde las 9.30 horas", le ha espetado. Otra persona, tras una pancarta, coreaba cada vez que entraba a los juzgados uno de los acusados '¿Dónde está el dinero de los valencianos?'.
La Fiscalía pide para Zaplana 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.
Anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, según consta en la calificación de la acusación pública.
De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al 'expresident' y que le ayudaron en la operativa.
De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.
Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicosreportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".
Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a quien considera el "financiero" de la organización y encargado de gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que aparecía "al exterior" en las sociedades mercantiles y titulaba el dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros). Para ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresident, Mitsouko Henríquez.
Además de estos acusados, figuran los hermanos Elvira (exdiputada del PP) y Saturnino Suances, como los administradores y encargados de recuperar el dinero de Andorra y para los que pide cinco años de prisión y multa de ocho millones de euros; el 'expresident' de la Generalitat, José Luis Olivas, con intervención en la adjudicación de ese plan eólico, y para quien reclama seis años, y una serie de empresarios y amigos que "colaboraron" para ocultar la procedencia delictiva del dinero y auxiliaron a Zaplana para el aprovechamiento del dinero retornado a España para su uso personal.
Entre estos últimos se encontrarían Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto.
