El Defensor del Pueblo reconoce la indefensión en la que se encuentra la ciudadanía ante las inspecciones de detección de fraudes que realizan las empresas distribuidoras, y recomienda al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que adopte las medidas necesarias para actualizar la regulación sobre el fraude de energía eléctrica, presidida por el principio de objetividad, que asegure la intervención de personas independientes en la detección y calificación del fraude y de la responsabilidad sobre el mismo.