La Operación Colonial ha sido desarrollada de manera conjunta por la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y Europol. De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, las investigaciones comenzaron en el año 2017 coordinadas por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número 20 de València.
El centro de las sospechas era una empresa de València dirigida por una organización criminal de carácter familiar, dedicada a trabajos de interiorismo y decoración de inmuebles. La mercantil trabajaba a unos precios muy superiores a los valores de mercado y carecía del personal y la infraestructura necesaria para su volumen de negocio. Además introducía en el sector financiero grandes cantidades de dinero. El total superaba los 45 millones de euros.
Según el comunicado del Ministerio de Hacienda los detenidos “realizaban ciertos desembolsos que podrían identificarse como posibles pagos de comisiones a presuntos testaferros en cuentas bancarias de terceros países”. También adquirían propiedades inmobiliarias en España a nombre de otras personas.
Con la finalidad de ocultar su extraordinario incremento patrimonial, la organización creó una estructura societaria que tenía como objeto camuflar el destino final de los fondos obtenidos, aunque gran parte de los mismos fueron utilizados para adquirir numerosos inmuebles en la ciudad de València. En este sentido, se han intervenido judicialmente 16 inmuebles, casi todos ubicados en la provincia de Valencia. Además se han embargado 35 cuentas bancarias.
