La tasa de la basura sube en Altea. El pleno ha aprobado hoy una subida del 28%. El edil de hacienda, José María Borja, ha justificado esta subida por la "desproporción entre el gasto real del ayuntamiento y la recaudación a través de la tasa" y ha dado cifras: En total, el coste de la recogida de residuos en Altea en 2022 "ascendió a 2’7 millones de euros" mientras que "la recaudación llegó sólo a 2’5 millones de euros". Pero, además, "el coste va a incrementarse este 2023 y los técnicos calculan que podría llegar a los 3,21 millones de euros", de esta forma, de no subirse la tasa, Altea recaudaría "723.000 euros menos" de ese coste. Matizaba el edil que "hasta que no se aprueben definitivamente los precios del Consorcio los técnicos sólo pueden hacer una aproximación" pero, en cualquier caso, "es necesario subir la tasa", dice Borja, porque los números no cuadran.
El PP ha recriminado al gobierno local la rapidez en presentar este expediente, en apenas tres meses, calificando la subida de "afán recaudatorio", algo que ha desestimado el titular de hacienda porque "la normativa de administraciones públicas obliga a cubrir el gasto del servicio" y porque, como les ha recordado a los populares, "en Benidorm se ha subido un 80% en tres días".
Además se ha aprobado un Plan Local de Gestión de Residuos protestado por el PP por poco actualizado y por VOX porque para su portavoz, Diego Coello, "reciclar más y seguir las pautas de la Agenda 2030, supondría incrementar aún más las tasas en el futuro" y acusaba al gobierno de permitir que "siempre se repercutan esos gastos sobre el ciudadano" en lugar de buscar otros modelos.
Aparcamientos y grúa
También aprobaba el pleno cumplir con lo que solicita el Consell Jurídic Consultiu con respecto a la anulación del contrato con ASA Parques SL sobre el servicio de gestión de aparcamiento y grúa en el municipio que el ayuntamiento consideró abusivo.
La mercantil alegó una deuda de 17 millones de euros del ayuntamiento, desestimada ya en el proceso administrativo. Ahora, el Consell ha dictaminado que el ayuntamiento está legitimado para proceder a la anulación y marca las pautas para dar por definitiva la nulidad y proceder a restituir los bienes y liquidación a la empresa, como explica la edil Aurora Serrat
El contrato y el convenio posterior que lo modifica y por el que la empresa pide 17 millones de euros son del año 2000 y 2003 y el expediente de anulación lleva un largo recorrido administrativo que parece que llega a sus últimos pasos y que ha provocado un cruce de acusaciones por mala gestión entre el PP y Compromís/PSOE. Sin embargo, todos reconocen que se está de acuerdo en la anulación. Les separan sólo, decía la portavoz del PP, Rocío Gómez, "las formas de abordarlo, que son muy distintas".
El pleno aprobaba igualmente, por unanimidad en este caso, un convenio para mejorar la seguridad en el municipio mediante un plan de colaboración entre Policía Local con la Guardia Civil
