LA UNIÓ de Llauradors exige al Gobierno del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que clarifique inmediatamente si es posible efectuar quemas agrícolas, ya que la nueva Ley de Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular deja en el aire la posibilidad de quemar con dos artículos bien diferentes, en uno la prohíbe y en otro la exime.
La alarma ha surgido tras diversas informaciones emitidas por los propios agentes medioambientales de la Generalitat, que han alertado ante la situación que genera la nueva normativa. En este sentido, hay zonas donde se traslada dicha prohibición a los agricultores y en otras se permiten las quemas habituales de esta época del año. Por ello, y ante la gran confusión existente, LA UNIÓ ya se ha puesto en contacto con la Conselleria de Agricultura para aclararlo, ya que se deja en una clara indefensión a los agricultores en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica y, todo ello, sin posibilidad de adaptación.
La organización agraria cree que antes de prohibir cualquier práctica agraria hay que apostar por el diálogo. “En lugar de empezar la casa por el tejado primero se deberían plantear alternativas viables con financiación suficiente para llevarlas a cabo, establecer periodos transitorios antes de aplicarse o permitir quemar en aquellos municipios con planes de quema aprobados”, señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
