El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ha dictado dos autos en los que decreta el sobreseimiento provisional de las investigaciones seguidas contra dos exsubdelegados del Gobierno en esta provincia, el socialista Antonio Lorenzo, y el que le siguió en el cargo, el 'popular' David Barelles, en la causa abierta por la trama de falsificación de facturas detectada en la institución.
Ambas diligencias derivan de la causa principal, que sigue abierta por estos hechos que causaron unperjuicio a las arcas públicas por un importe superior a los 250.000 euros entre los años 2007 y 2017 y por las que han sido encausados recientemente dos antiguos funcionarios y cinco proveedores de la Subdelegación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En esa causa principal la instrucción ha constatado la existencia de indicios de elaboración de facturas falsas para el pago de servicios, atenciones protocolarias o gastos electorales que en realidad no habían sido prestados, entre otras irregularidades.
El instructor ha determinado, en dos autos separados contra los que cabe recurso, que los dos exsubdelegados eran ajenos a la trama y firmaron directamente o por personas delegadas las facturas y ordenaron los pagos "bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios".
En el caso del que fuera responsable de la institución entre los años 2007 y 2012, Antonio Lorenzo, el auto señala que no ha quedado "acreditada debidamente" su "intervención directa en la elaboración de documentación falsa respecto a los comensales que acudieron a distintas comidas y diversos gastos en restaurantes".
A la misma conclusión llega el magistrado instructor respecto al subdelegado que ejerció el cargo entre 2012 y 2018, David Barelles, igualmente en relación a los gastos en restaurantes y los asistentes a diferentes comidas. En su caso, además, la resolución judicial precisa que, tal y como consta en las actuaciones, durante su mandato "se vieron notablemente reducidos dichos gastos".
Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se opusieron a la solicitud de sobreseimiento formuladas por las defensas de ambos investigados. En cualquier caso, contra los dos autos se pueden interponer recursos de reforma y/o de apelación.
En ambos casos, el magistrado subraya la "extensa instrucción practicada", que se remonta a 2017 en unas diligencias previas que llegaron a tener hasta más de 30 investigados y de las que se presende que el habilitado de la Subdelegación del Gobierno de Castellón y encargado de la gestión económica, en su condición de administrador del edificio La Pau de esa sede, desde 2007 y hasta 2017, en connivencia con otras personas, idearon una trama para desviar hacia su patrimonio o de otras personas o mercantiles, fondos públicos de la Subdelegación, valiéndose para ello de la elaboración de facturas falsas por servicios no prestados o por cuantías diferentes.
PERJUICIO ECONÓMICO
Esas facturas fueron abonadas por la administración tras las conformidades y órdenes de pago correspondientes, que causaron un perjuicio económico a las arcas públicas por importe superior a 250.000 euros. Los subdelegados, ajenos a la trama y bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios, firmaron directamente o por persona delegada, las conformidades y ordenaron los pagos con cargo a la Subdelegación.
El magistrado considera que no ha quedado acreditada la participación de ambos "vista la documentación obrante en autos, las distintas declaraciones realizadas en sede judicial, los informes policiales obrantes en la causa y el particular resultado de las distintas diligencias de instrucción practicadas".
El informe pericial sobre la legalidad, eficacia y economía de los gastos satisfechos por la Subdelegación del Gobierno de Castellón durante los años 2004 a 2017, realizado por la Intervención General del Estado, puso de relieve, entre otros extremos, que los gastos de la Subdelegación por atenciones protocolarias y representativas y por reuniones carecían de una adecuada justificación y que se había verificado una gestión "ineficiente" de los recursos públicos, al haberse empleado "mayores recursos de los que eran necesarios para cubrir las necesidades públicas".
Igualmente se puso de relieve la existencia de una serie de facturas correspondientes a gastos por procesos electorales que no se
produjeron como consecuencia de la celebración de los procesos electorales y, por tanto, que no procedía su imputación al presupuesto habilitado para ello. De igual manera, se puso de relieve que de forma indebida se había utilizado por parte de la Subdelegación el pago en efectivo de manera recurrente a lo largo de los años.
