El desahucio de una familia formada por una mujer y sus dos hijos, uno de ellos de 16 años y con un 38 por ciento de discapacidad reconocida, y sin alternativa habitacional, ha sido aplazado hasta finales del mes de abril. En un principio, el lanzamiento se iba a efectuar mañana. Así lo ha confirmado el Sindicat de Barri de Carolines quien había citado al vecindario de la calle Poeta Zorrilla para tratar de paralizarlo.
No obstante, finalmente, han logrado un aplazamiento del desahucio hasta el próximo 29 de abril, a través de la negociación con Caixabank (propietaria del inmueble) y tras exponerles la situación de la familia. En cualquier caso, la orden judicial sigue en pie. Durante este próximo mes, el colectivo espera que la jueza que autorizó el lanzamiento entre en razón y rectifique los graves errores que contiene el auto.
Aunque la Entidad antidesahucios ha presentado un informe de vulnerabilidad actualizado a este año 2024, el auto judicial sostiene que dicho informe no es válido porque data de 2017, según la jueza, y no cuenta con las conclusiones debidamente fundamentadas.
Así las cosas, el Sindicat de Barri de Carolines interpreta que el auto pone en duda de manera arbitraria e injustificada la labor de los servicios sociales municipales, que también recoge que la mujer no cobra ninguna pensión, extremo que sí consta en el auto judicial. En definitiva, según este colectivo, el juzgado de Primera Instancia número 12 de Alicante ha cometido una "acción negligente".
Según han expresado fuentes de la asociación antidesahucios, esperan conseguir tiempo para que la jueza recapacite y que la afectada se pueda acoger al decreto anti-desahucios que aprobó el Gobierno Central en diciembre de 2023 y por el que quedan en suspenso todos los lanzamientos y desahucios hasta el 31 de diciembre de 2024.
