La Plataforma Ciudadana en defensa de las libertades, que incluye a 27 asociaciones, ha decidido llevar la conocida como ordenanza antivándalica del Ayuntamiento de Valladolid a los tribunales. Considera que se vulnera los derechos fundamentales, se 'criminaliza la pobreza' y se reintroducen algunos artículos que en su día fueron anulados por los jueces. Ya se han recurrido algunas sanciones impuestas por incumplir esta ordenanza, entre ellas, las multas por reparto de publicidad o por colocar carteles. Las multas oscilan entre los 750 y 3.000 euros.