Caballero ha hecho este anuncio para dar a conocer el Plan de Ayudas de Emergencia Social para 2019, para el que se ha consignado la cantidad de 1,2 millones de euros, que serán gestionados a través de los Servicios Sociales y que se tramitará en colaboración con los trabajadores municipales de los ayuntamientos de la provincia para atender situaciones de extrema gravedad.
“Este año hemos dispuesto 1,2 millones de euros para atender situaciones de emergencia. Estamos hablando de familias que tienen dificultades para conseguir lo más básico, para conseguir productos básicos de alimentación o de higiene personal”, ha apuntado el presidente de la Diputación, añadiendo, no obstante, que “por suerte cada año estamos reduciendo la cuantía que destinamos a este finalidad sencillamente porque se reduce el número de familias que están en situación de emergencia”.
Para Caballero todavía se producen situaciones que impiden a muchas familias acceder a productos básicos de higiene e incluso de alimentación y, por lo tanto, se ha dispuesto que estas ayudas por valor de 1,2 millones de euros vayan dirigidas a los que lo están pasando tan mal, siendo la forma de solicitarla a través del trabajador social de su ayuntamiento que podrá extender un cheque por la cantidad apropiada para que puedan intercambiar por productos en un centro comercial y atender de ese modo sus necesidades más básicas.
“El objetivo es que con esfuerzo, con tesón y con la colaboración de todos, consigamos que cada vez sean menos familias y, en definitiva, que no haya ninguna familia que necesite estas ayudas de emergencia”, concluye el presidente de la Diputación.
A pesar de que se aprecia cierta recuperación económica, la Diputación no puede abandonar aún la línea de ayudas de emergencia que, con carácter subsidiario, sirve para reforzar las ayudas que anualmente viene convocando la Junta de Comunidades, dentro de su línea de Ayudas de Emergencia Social.
Las bolsas de pobreza han existido siempre, pero la crisis actual afecta directamente a las familias; de hecho, de las casi 5.349 solicitudes atendidas en la convocatoria de 2018, más de una tercera parte han visto mermados sus recursos económicos por la actual situación de desempleo, y alrededor de 3.531 familias o no perciben ingresos o los mismos son inferiores a 500 euros mensuales.
Mediante el Plan de Emergencia Social 2019 se pretende que las personas físicas y familias con graves dificultades económicas que residan en la provincia de Ciudad Real obtengan una ayuda de carácter extraordinario para hacer frente a gastos específicos de carácter básico como son alimentación e higiene,a sí como otra situaciones excepcionales y urgentes como son el vestido y calzado, ropa del hogar, farmacia, gas y electricidad, alojamiento temporal para mujeres victimas de violencia de género y gastos de desplazamiento por asistencia a juicios, a peritajes, reconocimientos médicos, puntos de encuentro de familiar, etc.
En cuanto a los beneficiarios, Caballero ha puntualizado que serán aquellas personas que más lo necesitan, mayores de edad y residentes en la provincia de Ciudad Real, que carezcan de medios económicos y que se encuentren en situación de emergencia y de vulnerabilidad social y en riesgo de caer en la exclusión social.
Se establecen unos criterios de valoración vinculados al nivel de renta de todos los miembros que convivan en el domicilio familiar, incluyendo prestaciones de cualquier índole como excepción no se computará la prestación familiar por hijo a cargo.
El baremo se establece tomando como referencia el importe de la Pensión No contributiva. Los ingresos económicos para unidades familiares de 1 miembro no deberá exceder de 380,10 euros; de dos miembros, 418,11 euros, de tres miembros, 459,92 euros; para cuatro miembros se fija en 505,91 euros; 5 miembros, 556,50 euros; 6 miembros, 612,15 euros; 7 miembros, 673,37 euros y hasta los 740,71 euros para familias de ocho o más miembros.
El techo económico podrá ser ampliado hasta un máximo de 250 euros cuando existan gastos derivados de alquiler o amortización de vivienda, siempre que ésta sea la habitual.
Caballero ha indicado que se pagará para compra de alimentos e higiene, estableciéndose en 180 euros/mes para unidades familiares de un miembro; 240 euros para dos miembros; entre tres y cuatro miembros, 300 euros al mes; para familias entre 5 y 6 miembros, 360 euros; entre 7 y 8 miembros, 420 euros; y más de ocho miembros, 480 euros al mes.
En caso de existir en la unidad familiar algún menor de 3 años, lo anterior se suplementa con 60 euros al mes por menor hasta un máximo de 120 euros al mes. Se establecen grupos de lotes según los miembros de la unidad familiar. Dichos lotes serán canjeables mediante cheques que tendrán un valor unitario de 30 euros y la duración máxima de la ayuda que perciba el beneficiario en caso de alimentación básica e higiene será de una propuesta al trimestre, pudiendo realizar como máximo 3 propuestas durante los 12 meses que dura la convocatoria.
Serán los profesionales de los servicios sociales municipales, los que determinen a qué familias van esos alimentos, la cuantía, la duración y una vez hecho este informe, y telemáticamente, se trasladarán a la Diputación los datos de los beneficiarios. El órgano gestor será el personal técnico de los servicios sociales de la Diputación Provincial, que visará los informes remitidos y los resolverá confeccionando el pago de la ayuda, mediante el envío de los cheques al trabajador social que gestione para que se los haga llegar al beneficiario.
Además se determinarán las obligaciones que como contraprestación tendrán que realizar los perceptores de estas ayudas, mediante itinerarios de inserción laboral, participación en programas de intervención familiar, escolarización obligatoria de menores, seguimiento de búsqueda activa de empleo de los miembros adultos en edad laboral, etc.
La Diputación contará con un listado de empresas y establecimientos adheridos al plan, que suministrarán los bienes y servicios a los beneficiarios de estas ayudas. De esta manera, el beneficiario va a la tienda, entrega su cheque y los proveedores remitirán la factura junto con el cheque a la Diputación para su abono, que será verificado previamente a la gestión del pago.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas, por la especial característica de las mismas, permanecerá abierto entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2019.
