La presidenta del PP balear, Marga Prohens, se ha posicionado este miércoles en contra del decrecimiento de plazas turísticas de Baleares contemplado en la ley turística aprobada por el Govern balear, "un decreto trampa de propaganda" que ha prometido derogar, por "intervencionista", si gobierna en 2023.
En una rueda de prensa acompañada de todo el comité directivo del PP, Prohens ha matizado que su partido no apuesta por un crecimiento sin límites sino "sostenible y sostenido".
Según la líder 'popular', "no es cierto que el PP haya apostado por crecer indefinidamente", sino que la ley turística de 2012 era "un elemento de gestión, no de prohibición" y supuso "el mayor salto en calidad del turismo en décadas" atrayendo millones de euros en inversión privada.
"No hay ninguna economía en el mundo, que quiera prosperar y ofrecer bienestar a los ciudadanos, que tenga como bandera el decrecimiento", ha dicho Prohens, que ha añadido que en estos dos años de pandemia ya han "visto lo que supone decrecer".
En esta línea, ha instado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a aclarar "a qué cotas de actividad económica se debe renunciar" y qué debe "sacrificar" cada ciudadano y la sociedad para "hacer realidad su modelo económico". Igualmente, ha argumentado que "se habla mucho de techo de plazas y parece que se olvida que el techo ya existía".
Así, Prohens ha señalado que el PP "no puede aceptar limitar la competencia" porque "es dejar sin oportunidades a mucha gente" y coartar la puesta en marcha de proyectos y la creación de puestos de trabajo.
Como ejemplo, ha declarado que hay personas que se han puesto en contacto con el PP "que habían comprado una casa, planificando una inversión con los ahorros de toda una vida, y de un día para otro se han quedado colgados": "La clase media que parece que no tiene voz y no cuenta para el Govern", ha lamentado la presidenta 'popular'.
Por ello, Prohens ha asegurado que este asunto va "más allá del turismo" y que se trata de "imponer un modelo de socialismo en contra de la libertad".
DECRETO "TRAMPA"
Además, Prohens ha acusado al Govern de articular un decreto "trampa", argumentando que detrás de objetivos compartidos por todos como la sostenibilidad medioambiental o social se esconde el "verdadero objetivo", la moratoria de plazas.
En esta línea, ha recalcado que el PP "sin ninguna duda" apoya invertir en modernizar el sector, mejorar las condiciones salariales y reducir las cargas de trabajo de los empleados e invertir en sostenibilidad del turismo, pero "desde la libertad y desde la creación de riqueza y bienestar".
"Éste es el modelo del PP, no desde el intervencionismo", ha apostillado la que también es diputada en el Congreso, abogando por "incentivos, facilidades normativas y ayudas" frente a la "imposición".
Además, Prohens cree que la ley "no arregla los problemas clásicos del sector turístico que hace demasiados años que están dentro de un cajón", ya que "no habla" de oferta complementaria, oferta obsoleta, zonas maduras, oferta ilegal e intrusismo, etc.
SOSTENIBILIDAD: "LA ADMINISTRACIÓN TAMBIÉN DEBE HACER SU PARTE"
Además, en cuanto a sostenibilidad, el PP cree que "la administración también debe hacer su parte". Para Prohens, el texto aprobado por el Consell de Govern el pasado viernes "plantea muchas obligaciones a medianos y pequeños empresarios, pero no obliga a nada al Govern".
Como comparación, la presidenta 'popular' ha afeado que mientras se obliga a los establecimientos a adoptar medidas de ahorro de agua, "el 25 por ciento del agua se pierde en canalizaciones públicas" y se producen vertidos al mar desde las infraestructuras públicas.
En este sentido, Prohens ha reclamado destinar "inversión real y no de eslogan" con fondos europeos a proyectos de economía circular y ciclo del agua. "Hablan de economía circular en un momento en el que dependemos de productos de fuera y no dan protagonismo a nuestro sector primario", ha ejemplificado la presidenta del PP.
Por todo ello, Prohens ha avanzado que el PP votará en contra de la convalidación del decreto en el Parlament. Si se tramita como proyecto de ley, harán aportaciones, pero "si no se cambia el fondo, el espíritu de este decreto", se comprometen a "derogarlo en 2023".
