Los exgerentes de Bitel y ParcBit niegan su vinculación con el fraccionamiento de contratos en favor de Over

El exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, quien este miércoles ha sido trasladado desde la cárcel de Palma hasta los Juzgados de Vía Alemania para ser interrogado como testigo por el juez José Castro, ha negado su vinculación con el presunto fraccionamiento de un pago de hasta 109.138 euros que el Govern de Jaume Matas, durante su última legislatura (2003-2007), habría abonado a través de varias de sus empresas públicas, en forma de contratos menores, a la mercantil Over Marketing.

Se trata de unos hechos por los que también ha prestado declaración el exgerente del parque tecnológico ParcBit, Antonio Reus, en calidad de imputado por presuntos delitos de malversación y prevaricación, quien también ha negado haber realizado actuación alguna en este sentido, y ha apuntado al exconseller de Economía Lluís Ramis de Ayreflor como la persona que podría haber estado al tanto de este asunto.

Según un informe del Instituto Armado aportado a estas pesquisas, al que tuvo acceso Europa Press, el Govern desgajó en varios contratos los más de 100.000 euros abonados a Over para que ésta diese publicidad a la campaña 'Ciberpime'. Para que la empresa pudiera hacerse con la contratación, el pago fue fraccionado a través de varias Consellerias, Direcciones Generales, empresas públicas -entre las que se encontraba Bitel- y una mercantil privada, Indra, que "nada tuvo que ver" con la campaña.

En el caso de Vidal, éste ha sido inquirido en torno a cuatro facturas de 2.969 euros cada una, que fueron cargadas en junio de 2007 por empresas del entramado de Over a Bitel y que, según las investigaciones, corresponden a trabajos por inserciones en prensa realizadas anteriormente, en 2005 y 2006, en el marco del llamado proyecto 'Ciberpime'. Una iniciativa por la que el Ejecutivo balear pagó los 109.138 euros en distintos contratos para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa a Over.

Vidal ha negado, no obstante, haber visto antes las cuatro facturas que le han sido exhibidas en el marco de esta causa y ha asegurado que desconocía el proyecto 'Ciberpime', impulsado en concreto por la Dirección General de Tecnología y Comunicación. En su comparecencia, el testigo ha incidido en que él no encargó los servicios objeto de las facturas y que nadie de la Dirección General le comunicó que las empresas del grupo Over se las remitirían a Bitel.

El testigo ha señalado que estas facturas se las podrían haber "colado" a Bitel, coincidiendo con el final de la legislatura, ratificando de este modo la declaración que ya prestó en dependencias de la Guardia Civil.

El exalto cargo del PP cumple una condena de cinco años de cárcel por delitos de malversación, fraude a la Administración y cohecho, al haber ideado y planificado, durante el mismo mandato, una trama dirigida a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad.

Por su parte, Reus, asistido por el letrado Antonio Albertí, ha sido preguntado por dos facturas libradas por dos empresas vinculadas a Over -Link America y Traci Comunicación-, una de ellas por 10.842 euros en concepto de 'inserciones en prensa', y otra por 11.899 por 'compras de inserciones en prensa'. El imputado ha asegurado no conocer a estas empresas como tampoco la campaña 'Ciberpime', en torno a la cual no le consta que el ParcBit haya realizado actividad alguna.

REUS VINCULA A RAMIS DE AYREFLOR

El encausado ha manifestado que sobre los asuntos relacionados con la prensa, las ordes las daba Ramis de Ayreflor. Los investigadores hallaron sin embargo documentación que revela cómo Link y Traci remitieron a la atención de Reus un presupuesto, que fue aceptado por el declarante con su firma.

Mientras tanto, también ha sido interrogado como testigo el exjefe de Proyectos de la Dirección General de Tecnología Bernat Albertí, a quien se le ha exhibido una factura por importe de 21.956 euros, presupuesto que, ha recordado, hacía referencia a un proyecto de administración digital adjudicado a la empresa Indra y cuya publicidad fue encargada a Over, si bien ha manifestado que lo tramitó en la creencia de que se hallaba dentro de la legalidad.

El testigo ha manifestado, sin embargo, que es ahora cuando ha comprobado que le han "utilizado" y que enterarse de la forma en que el dinero fue a parar a manos de Over para un proyecto -'Ciberpime'- que nada tenía que ver con lo que él creía es "una vergüenza". Albertí ha señalado que todo lo relacionado con precios, presupuestos y facturas relativas a campañas de publicidad era gestionado por la entonces directora general, Encarnación Padilla.

Finalmente, ha declarado también como testigo el exjefe de Proyectos de Indra, José Vicente Juan, quien ha recordado que desde la empresa se desarrolló un proyecto de administración digital y que una partida de 5.000 euros del dinero que se le pagó desde el Govern se destinó a Over para la realización de cartelería e inserciones en prensa. No obstante, ha asegurado desconocer que el dinero fuese para la campaña de 'Ciberpime'.

Durante esas fechas, Indra había sido adjudicataria de otro concurso público por parte de la Conselleria de Economía, denominado 'Administración Digital', por un importe de alrededor de un millón de euros.

LAS INVESTIGACIONES DEL CASO OVER

A nivel global, esta pieza -dividida recientemente en dos subpiezas- centra sus investigaciones en las adjudicaciones supuestamente irregulares con las que fue favorecida Over durante el último mandato de Matas, y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido.

Precisamente, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), donde los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.

En el marco de esta causa se encuentran imputados el propio Matas, el actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez -quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller de Matas-, el expresidente del Parlament balear Pere Rotger, la exconsellera de Salud Aina Castillo, el extesorero 'popular' Fernando Areal, y el administrador de Over, Daniel Mercado.