Según ha informado Cort en un comunicado, la dirección de Emaya entiende que el escrito suscrito únicamente por el presidente del comité presenta "múltiples defectos de forma, suficientes por sí solos para invalidar la propia convocatoria". Además, tiene errores "de fondo" de tal forma que presenta tres de las cuatro causas que se prevén para que una huelga sea declarada como ilegal.
La empresa considera que la convocatoria constituye "un manifiesto político" y establece con poca claridad 31 objetivos de negociación de los cuales la mayoría exceden el ámbito de decisión de la dirección.
Además, la dirección considera que con esta convocatoria de huelga se pretende modificar el convenio colectivo actualmente en vigor, el pacto de empresa que complementa el convenio y los acuerdos negociados y firmados por el propio comité de empresa en los últimos meses, incluido el alcanzado en el Tamib el pasado mes de mayo. Por ello, la dirección cree que se trata de una "huelga novatoria", lo que también determinaría su ilegalidad.
No obstante, la empresa pública ha asegurado que esta mañana ha acudido al Tamib con la máxima predisposición al diálogo con los sindicatos de los que, independientemente de haber presentado la demanda, confía en recibir este martes una propuesta de servicios mínimos. La negociación entre ambas partes tiene previsto retomarse el próximo jueves después de que el Tamib haya decidido suspenderla este lunes.
"Prueba de la firme voluntad de negociación y diálogo mostrada por la dirección ha sido el ofrecimiento que se ha hecho a los sindicatos a desconvocar la huelga para que puedan concretar sus reivindicaciones con el objeto de poder abordarlas conjuntamente a partir del próximo mes de septiembre", ha declarado la dirección.
En este sentido, la dirección apunta que en ninguna de las reuniones mantenidas desde el pasado mes de diciembre con el comité de empresa éste ha planteado los motivos que ahora se argumentan para convocar la huelga.
Por otra parte, en cuanto a las acusaciones de "prepotencia" vertidas hoy por la oposición contra el presidente de Emaya, Andreu Garau, éste ha solicitado a PSIB y MÉS que "aclaren cuál es su propuesta para la empresa municipal y se posicionen sobre si desean volver al modelo de la pasada legislatura, aumentando la plantilla con 200 trabajadores más, lo que obligaría a todos los ciudadanos de Palma a tener que pagar de su bolsillo un incremento de los gastos de personal de nueve millones de euros".
