Fue en 2016 cuando el torero Víctor Barrio falleció tras la cogida de un toro en la Feria del Ángel de Teruel. Una concejal de la localidad valenciana de Catarroja llamó “asesino” en sus redes sociales al torero tras su muerte. El Supremo la condenó a una indemnización de 7.000 euros a la familia y tras varios recursos, el caso ha llegado al Constitucional que confirma la sentencia.
El abogado experto en derecho penal y miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza, Eladio Mateo, analiza la decisión del Constitucional tras considerarlo como una intromisión ilegítima en el derecho al honor y argumentando que esas declaraciones no se pueden enmarcar en el derecho de la libertad de expresión.
Mateo explica cómo por la legislación que tenemos vigente, el derecho a la libertad de expresión termina cuando se inmiscuye en el derecho del honor. Un conflicto que puede suponer, como poco, sanciones económicas.
