El intenso escenario de competitividad, apuntan, ha afectado negativamente al restar tanto pacientes como trabajadores. Con una plantilla de 73 trabajadores, el centro derivará las 300 operaciones previstas por Salud a otras clínicas públicas y privadas, según ha informado la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés.
Parte del personal sanitario recibirá un permiso retribuido por todo el mes y el resto seguirá trabajando hasta el cierre. Hoy a las 12:30h se han concentrado en las puertas del centro para denunciar la situación y «ver cómo negociar el despido colectivo». Fernanda Carrión, delegada de comisiones de la clínica, alega que es una injusticia y que ha sido una noticia repentina.
Eran numerosas deudas las que perseguían al centro, tanto que la sociedad no puede permitirse pagar a la clínica ni a sus trabajadores. Carrión asegura que no se ha presentado ningún balance de la empresa, y que ha sido un problema de mala gestión e irregularidades. El personal está actualmente asesorándose jurídicamente para saber cómo mantener sus derechos como trabajadores.
