A juicio del colectivo, esta sentencia deja al "descubierto, una vez más, la gran debilidad del sistema de protección a las víctimas en una Unión Europea en la que aún no se aplican las normas internacionales vinculantes que establecen la necesaria coordinación entre las instituciones y órganos judiciales de los Estados cuando, como es el caso de Juana Rivas y sus hijos, son varios los países implicados".
Así, critican en un comunicado que "mientras en Italia hay una investigación penal en curso sobre posibles malos tratos" por parte del madre a los menores y, según sus datos, "se está realizando una nueva pericia en el ámbito civil cuyo contenido versa sobre cuestiones fundamentales que explican por qué Rivas actuó el verano de 2017 movida por la necesidad de proteger a sus hijos, en España se la condena, al margen del resultado" que puedan tener estas actuaciones.
Entienden así que esta "es tremendamente injusta" pues "el sistema no sólo no ha atendido la petición de ayuda que Juana Rivas hizo en el mes de julio de 2016 a la justicia española si no que, bien al contrario, es ella la que ha terminado siendo perseguida y condenada, a la vez que sus hijos viven en Italia una auténtica pesadilla".
Por otro lado, recalcan que esta sentencia, al inhabilitar a Juana Rivas para el ejercicio de la patria potestad, "no sólo la condena a ella, sino que condena también a sus hijos, al impedirles alcanzar su deseo de poder vivir con su madre en España".
