La Audiencia Provincial de Granada ha confirmado la absolución de tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que fueron juzgados por un presunto delito de desorden público tras una protesta el 4 de marzo de 2021 en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en defensa de una trabajadora despedida.
La Sección Primera del tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra la absolución dictada en octubre por el Juzgado de lo Penal número 3 de Granada. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia considera que los hechos probados no constituyen un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica, ya que los sindicalistas no accedieron al edificio con violencia ni intimidación, ni permanecieron en él en contra de la voluntad del titular del inmueble.
El tribunal también desestima la testifical de un testigo que aseguró que un grupo intentó sacar una pancarta por la ventana, sin precisar si los acusados formaban parte de ese grupo. La resolución subraya que, de haber considerado relevante este testimonio, la acusación debería haber solicitado la anulación de la sentencia.
Los hechos juzgados ocurrieron sobre las 13:15 horas del 4 de marzo de 2021, cuando un colectivo de unas diez personas entró individualmente al Edificio de Usos Múltiples donde se encuentra la Delegación de Turismo. Según el fallo, no consta que lo hicieran de forma violenta. Una de las acusadas se quedó en la puerta de la tercera planta sin llegar a entrar, mientras que el resto accedió sin autorización a la antesala de los despachos.
El juez determinó que no se probó que los acusados se enfrentaran al personal, interrumpieran la actividad laboral o manipularan documentos, por lo que no hubo alteración del normal desarrollo de las tareas en la Delegación.
Desde el SAT han celebrado la desestimación del recurso y han calificado la situación como un "intento de persecución sindical". Su portavoz, Inma Manzano, ha criticado que la Junta de Andalucía utilice "dinero público para perseguir a sindicalistas", destacando que la Fiscalía no recurrió la absolución. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
