La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos miembros de una organización criminal que cometió varios fraudes en las subvenciones europeas agrarias. Los presuntos delincuentes simularon una sociedad que reunía los requisitos para tener acceso a las ayudas. Los detenidos han cometidos fraudes por 3.300.000 euros.
Según informa la Policía, se trata de la segunda fase de una operación en la que anteriormente se ha detenido a 26 personas de la estructura criminal que vendían derechos reales ilegítimos a solicitantes de ayudas europeas de la política agraria común.
La investigación se inició en mayo de 2022 tras recibir una solicitud de información de la Fiscalía Europea delegada en España, tras una denuncia interpuesta por la Junta de Andalucía sobre un presunto fraude de subvenciones.
La investigación policial, en estrecha relación con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha puesto aclarado que, mediante la creación de un entramado empresarial, se hacían llegar a los solicitantes de ayudas de la Política Agraria Común la posibilidad de arrendamiento de parcelas para cumplir con los requisitos exigidos en hectáreas y obtener la ayuda solicitada.
Los derechos de arrendamiento se ejecutaban sobre terrenos cuyos legítimos propietarios no habían cedido derecho real alguno. De hecho desconocían la utilización fraudulenta de las explotaciones para la obtención de subvenciones por terceros. Los investigadores estiman que podrían haberse beneficiado de fondos europeos a los que no tenían derecho, ocasionando un perjuicio económico de 3,3 millones de euros a la administración.
Los titulares reales, ante el desconocimiento de su uso fraudulento por terceros, expresaron su "sorpresa" al ser ellos los que cultivaban o mantenían esos terrenos. Respecto a otras parcelas, se ha comprobado que se corresponden con terrenos pertenecientes a la Administración central, ubicados en zonas aeroportuarias, zonas militares, o son fincas dedicadas a la producción de energía fotovoltaica con paneles solares en toda su extensión o labradas por sus legítimos propietarios.
Los principales investigados crearon un entramado societario a través del cual, celebraban falsos contratos de cesión de uso de parcelas de terceros sin su conocimiento ni consentimiento. Alguna de estas sociedades se encontraba sin actividad y administrada por personas interpuestas o testaferros que desconocían los hechos investigados.
La finalidad era dificultar la inspección de la Administración autonómica, impidiendo la trazabilidad del subarriendo de las parcelas con el consentimiento de los legítimos propietarios.
La investigación ha puesto de manifiesto el surgimiento de sociedades o particulares que, a cambio de una compensación económica, ceden el uso de parcelas propias o de terceros para que otros completen las hectáreas necesarias para poder percibir la ayuda PAC.
Muchos de los detenidos en la primera fase de la investigación son beneficiarios, conocedores de que las parcelas subarrendadas no podían ser cedidas para el uso marcado por la normativa europea y aún así, utilizaron las referencias inmobiliarias para solicitar una ayuda a la que no tenían derecho.
El presunto responsable de la trama criminal ha sido arrestado junto a su pareja y otra persona más como presuntos responsables de fraude en las subvenciones, falsedad documental y blanqueo de capitales.
