El futuro de la Institución Provincial, un callejón sin salida: "La Junta pasa la patata caliente a la Diputación"

El futuro del colegio Institución Provincial Gaditana está en el aire. Tras el anuncio de la Diputación de Cádiz de que no renovaría el convenio con la Fundación Aramburu Moreno de Mora, propietaria del inmueble del centro, la sucesión de noticias sobre el devenir del centro han producido la inquietud de las 39 familias que deberían de matricular a sus hijos e hijas en el próximo curso. La Junta de Andalucía y la Asociación de Madres y Padres han mantenido una reunión con el objetivo de vislumbrar una solución con la institución que debe otorgar a las familias, ya que tiene las competencias educativas.

La Junta de Andalucía ha garantizado la escolarización de los alumnos y alumnas ante el presumible cierre del centro.. El delegado territorial de Educación, Miguel Andréu, les ha instado a solicitar plaza en aquellos que sean de su interés, para posteriormente junto con el Servicio de Planificación de la Delegación realizar un estudio de las demandas y poder así satisfacer las necesidades de la forma más ajustada. Andréu asegura que el profesorado funcionario será recolocado en otros centros. La Junta, eso sí, ha descartado hacerse con la gestión de la IPG.

Por su parte el AMPA de la Institución Provincial Gaditana considera que la Junta y la Diputación se están pasando "la patata caliente" mientras no garantizan a las familias la escolarización en un centro público. Mario López, presidente del AMPA, cree como solución más factible la ampliación del colegio Carola Ribed que podría asumir los más de 40 alumnos que deberían comenzar su curso en la IPG. López cree que las familias deben seguir con el proceso de matriculaciones mientras se espera a que la Delegación de Educación proporcione una solución. "Lo que vamos a pedir es irnos todos juntos a un centro público de la zona si nos tenemos que mover", asegura López cifrando en 39 familias las que se verían perjudicadas. El presidente del AMPA ha asegurado que ya están estudiando medidas judiciales contra Junta y Diputación ya que "hay dejación de funciones".

La Fundación "reclamó a la brevedad posible el uso del edificio", según Diputación

El diputado provincial responsable de Desarrollo Social, Daniel Moreno, ha asegurado que el presidente de la Fundación Aramburu Moreno y obispo de la Diócesis de Cádiz, Rafael Zornoza, remitió a finales de marzo del pasado año a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, una carta en el que le pedía “recuperar a la brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación Provincial”. El titular de la Fundación sostenía que “el mantenimiento de un centro público de educación en la finca propiedad de nuestra Fundación no es ya compatible con el marco jurídico”. El obispo indica que el mantenimiento de un centro público, como es la Institución Provincial Gaditana, en la finca propiedad de la Fundación “no es compatible con el marco jurídico, que todos debemos salvaguardar y respetar, en el que se desenvuelven las libertades de educación y religiosa”.