VÍDEO del monólogo de Carlos Alsina en Más de uno 20/12/2018

El presidente del gobierno se desplaza esta tarde a Barcelona, un día antes del consejo de ministros, para asistir a una cena de la principal patronal catalana. Y para verse, antes, con el operario de Puigdemont, el señor Torra. Pero no viaja solo el presidente. Lleva unos cuantos ministros consigo. No porque él los necesite para que le hagan los coros en la cena. Los lleva para que puedan reunirse ellos también con los consejeros del gobierno autonómico. Es decir, para que lo de hoy no sea un mano de presidente del gobierno de España y presidente de una comunidad autonómica sino la reunión de dos gobiernos, de tú a tú, como le gusta al independentismo, como si Sánchez fuera el presidente de la República española y Torra el presidente de Eslovenia. Y sobre todo, como si el gobierno de Cataluña mereciera un trato distinto al que reciben los demás gobiernos autonómicos, que al final es de eso de lo que se trata. Siempre se trata de lo mismo, de exaltar la diferencia y reclamar un trato desigual. Por eso no acude el presidente catalán a las Conferencias de Presidentes Autonómicos, por eso no quiere ir al Congreso de los Diputados, por eso se reivindica como el centésimo trigésimo primero presidente de la Generalitat, para no ser como los demás.

De esta cumbrecita de hoy entre ministros y consejeros (que tampoco es que esté ninguno de ellos en la cima del éxito político) no va a salir nada distinto de lo que salió de la Moncloa el día que Torra, feliz de que Rajoy hubiera sido descabalgado, echó la mañana con Sánchez paseando jardines y vendió como un logro histórico, fruto de su audacia y del nuevo clima, que había podido hablar de todo en la Moncloa. De todo de todo, oiga. Le había sido posible decir, en el corazón del reino represor, que el pueblo catalán tiene derecho a autodeterminarse sin que se dispararan las alarmas en palacio, se movilizaran los guardias y se llevaran al invitado a rastras para meterle en el bunker de aislamiento. Aquel día ya presumió Torra de que con Sánchez podía hablar de todo. Es ridículo que hoy presuma de lo mismo, porque hablar, lo que se dice hablar, siempre ha podido hablar de lo que ha querido, como pudo Puigdemont en su visita a Rajoy (que también la hubo) y como pudo Artur Mas. Por supuesto que Torra podrá hablar hoy de lo que le dé la gana con Sánchez, pero seguirá siendo el presidente de una comunidad autónoma sin competencias, ni legitimidad alguna, para apropiarse del derecho de todos los españoles a decidir sobre su Constitución.

Torra gana la batalla propagandística porque el gobierno (él sabrá por qué) se ha metido un gol en propia meta. Se pasó semanas explicando, con buen criterio, por qué no tiene sentido tratar al gobierno catalán como si fuera el gobierno de una república extranjera y ha acabado plegando velas. De la forma más bochornosa posible, que es tratar a los espectadores como si fueran bobos. Este empeño de la vicepresidenta Calvo, tan categórica siempre en todo lo que dice, en convencernos de que no se ha cedido en nada porque Sánchez se ve con Torra por un lado y los ministros y consejeros se verán por otro. En el mismo sitio y a la misma hora. ¡Ya es casualidad —se dirán unos a otros— que hayamos coincidido todos aquí al mismo tiempo!

Aprovechen el tiempo, como si lo esencial fuera lo que van a tratar en esas reuniones express y no el hecho de que se dé al gobierno catalán el trato que estaba reclamando.

Quienes fuimos espectadores de La Bola de Cristal tenemos grabado a fuego aquel estribillo que decía: ‘No se ría, señora, no se ría’.

El gobierno sabe qué ha obtenido a cambio de esta bajada de condiciones. Y cabe pensar que sabe también el efecto que va a tener que el mismo día que al final traga con lo que Torra le exigía, los diputados independentistas vayan a votar a favor del gobierno en esto que se llama la estabilidad presupuestaria, o la senda del déficit, el punto de partida de los Presupuestos que el gobierno aún no ha presentado.

Si no es un intercambio de favores, lo han disimulado muy bien.

El gobierno sabe lo que ha obtenido a cambio. Apoyo en el Congreso, control de los cdrs mañana en Barcelona o esta carta de los ex presidentes catalanes que instan a Rull, a Turull, a Jordi Sánchez a que vuelvan a comer, hombre. Un comunicado conjunto en el que dicen que la huelga ya ha conseguido su objetivo y ha sacudido conciencias. La firma José Montilla, Partido Socialista, el senador perpetuo que estuvo en Lledoners viendo a Junqueras y que se alinea, así, contra la prisión preventiva que decidió el Supremo. Sin novedad en el PSC, ya se manifestó en contra Miquel Iceta.

Los reclusos aún no han dicho si, después de haberse comprometido a llegar hasta el final, rectifican y abandonan la protesta. Pero es legítimo pensar, viendo esta carta, que tanto al gobierno catalán como al gobierno Sánchez esta huelga de hambre les tenía más preocupados de lo que en público sugerían.

Al calor del crimen de Laura Luelmo, Casado le arrojó la prisión permanente a la cara al presidente del gobierno. Al calor del crimen de Laura, el presidente anunció que el consejo de ministros aprobará medidas para proteger a las mujeres.

Es oportunista utilizar un crimen que ni siquiera ha sido aún juzgado para darse la razón uno mismo, como hizo Casado. Es oportunista utilizar un crimen que aún no ha sido juzgado para colgarse la medalla de nuevas medidas que ni siquiera se concretan cuáles son o por qué no se tomaron antes.

Ahora ve pertinente el gobierno dedicar más recursos a la libertad vigilada, es decir, a tener controlados a delincuentes que ya han cumplido condena pero siguen siendo peligrosos. Está en nuestro código penal, dijo ayer la señora Calvo. Y es verdad. Está ahí, siempre que aparezca esa pena adicional, la libertad restringida, en la sentencia condenatoria que emitió en su día el tribunal. En el fondo es la forma de admitir que hay reclusos a los que la prisión no los rehabilita. Son los menos, pero son. Y ante la reincidencia probable (que por eso se los sigue considerando peligrosos) cabe una medida como ésta, la más suave, digamos, que es obligar al tipo a llevar una pulsera para tenerlo localizado, o cabe la medida más dura, que es mantenerle en prisión. Y en esos términos deberían nuestros legisladores plantear sus debates, no en la bajeza moral que consiste en pretender que quien tiene una posición distinta a la tuya es poco defensor de las mujeres y un poco culpable, en el fondo, de que tipos como Montoya las secuestren, las golpeen y las maten.

Es una bajeza moral que, ya se ha visto, no conoce de colores políticos.

Ni el PSOE, ni el PP, ni Podemos, ni Ciudadanos están a favor de los asesinos y en contra de las mujeres. Discreparán en las medidas que se pueden tomar y en el acierto o error de las leyes que ya tenemos, pero la infamia es tratar los unos a los otros como si fueran sospechosos de no querer que las mujeres vivan y los criminales paguen. La infamia es esta competición por ver quién se duele más, quién se indigna más y quién se erige mejor en portavoz de la sociedad consternada.

Casado abrió plaza ayer, pero le siguieron Belarra y Calvo.

Entiendo que lo que está diciendo la señora Belarra con esto de los pistoleros y las armas es que hay que poner el acento en evitar que el crimen se produzca y no en el castigo que tiene luego ese crimen. Es razonable, pero ambas cosas son compatibles. Como sabe Podemos, que al calor de la sentencia de La Manada reclamó un endurecimiento del código penal para que el abuso sexual se considere violación.

Las mujeres —huelga decirlo— ni piensan todas lo mismo, ni opinan igual ni votan sólo a un partido. Son la mitad de la población y son plurales y diversas. Hay mujeres que no comparten la prisión permanente y las hay que sí. No uniformen a las mujeres ni pretenda nadie hablar por todas ellas. Las encuestas sobre la prisión permanente revisable reflejan que entre los electores de Podemos también hay mayoría a favor. Digo también porque en los demás partidos sucede lo mismo. Entre las mujeres, el apoyo a esta pena máxima es tres puntos superior al de los hombres.

Los partidos discrepan en las medidas, las reformas y las leyes. Pero eso no convierte a ninguno de ellos en cómplice de monstruos como el Montoya éste.

La vicepresidenta Calvo afirmó ayer en el Congreso, después de que hablara Ione Belarra, que la derecha nunca ha hecho nada para proteger a las mujeres.

Éste es el clima del Congreso, sobre este asunto, 2018.

Carmen Calvo era ministra del gobierno de Zapatero, sillón azúl, diciembre de 2004, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la ley contra la violencia de género. Impulsada por el gobierno socialista y aprobada por unanimidad. Repitámoslo: por unanimidad. El tono y el clima de aquel mes de diciembre de hace 14 años fue el contrario a éste de ayer. Fue Jesús Caldera, ministro socialista, quien reconoció el esfuerzo del gobierno de Aznar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

En 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia machista, repítamoslo, Pacto de Estado, con el respaldo del PSOE, Ciudadanos y el PP. Se abstuvo Podemos. No porque estuviera en contra de lo pactado, sino porque lo consideró insuficiente.

Cada vez que los partidos se han puesto a trabajar en ello, han sacado adelante reformas y pactos que todos ellos han defendido con orgullo y subrayando la coincidencia en lo fundamental: proteger a la víctima, prevenir la violencia, castigar al agresor. Lástima que cada vez que luego se produce un crimen de impacto mediático se olviden de eso y se tiren de cabeza al barro.