Quedar como el 'poli bueno' que impide que se consume un atraco resulta tentador para cualquier gobierno

Hasta ahora, los despellejes mutuos se desatan en conversaciones privadas, pero al paso que va engordando el encono, no descarten que la cosa acabe en gran pelea de barro. A un lado el gobierno, al otro los treinta y seis de la subasta, eléctricas, bancos e intermediarios financieros. Lo último que contamos ayer, al filo de la medianoche y al cabo de una tarde de malestar generalizado por el subidón de la luz que se anunciaba para enero, es que Rajoy, en Bruselas, decía: “Vamos a intentar arreglarlo”.

Cuatro horas después, la comisión nacional de los mercados y la competencia -más conocida como el superregulador o el árbitro que vela por la competencia y la limpieza de los procedimientos- emitía el comunicado que empezaba a convertir esa subasta de ayer en papel mojado. La comisión, en realidad, no anulaba o invalidaba la subasta, lo que hacía (porque hasta ahí llega su función) era no darla por buena, negarle el certificado de calidad, digamos. Quien anula la subasta, amparándose en la decisión del regulador, es el ministerio de Energía, y lo hace sin esperar a conocer -porque entiende que urge despejar la incertidumbre sobre la tarifa eléctrica del próximo trimestre- el informe de la comisión que habrá de detallar, como dice su comunicado, los motivos que justifican su decisión.

Esto es lo que todavía no aporta el regulador, los motivos, porque en su texto sólo menciona “concurrencia de circunstancias atípicas”, no dice cuáles y tampoco dice, por tanto, que haya habido irregularidades que merezcan sanción o castigo: puede que acabe diciéndolo, pero hasta ahora sólo menciona la atipicidad, es decir, que hubo circunstancias inusuales. En menos de 24 horas -la relevancia del asunto merece que se trabaje rápido-, el árbitro no valida la subasta, el gobierno la declara nula y Rajoy anuncia que está trabajando en un procedimiento nuevo para fijar el precio de la luz (se entiende que del próximo trimestre, no para todos los trimestres que vengan a partir de ahora).

Primera conclusión, que igual es la que a usted y a mi más nos afecta: la subida del 11 % es papel mojado. Alivio. ¿Significa eso que no va a subir la luz? Cuidado, tampoco se pasen con el aliviamiento. Subir, va a subir. Como mínimo, el 2 % que por iniciativa propia decidió el gobierno (la parte que a él le toca). Y como máximo, aún no sabemos. El ministro Soria ha dicho esta mañana que “bajo ningún concepto subirá un 11 %”, pero no ha dicho lo que ahora más interesa saber, que es: entonces, ¿cuánto sube? Aunque el presidente del gobierno dice que están estudiando el procedimiento, anoche contamos aquí que, en ausencia de subasta, lo que se hace es una ponderación de los precios alcanzados los días anteriores y posteriores en ese mercado que funciona todos los días y al que le hacemos menos caso porque no repercute directamente en nuestra factura. “Ponderación” significa que se cogen esos precios, se hace un cálculo y se establece algo parecido, digamos, a cuál habría sido el resultado de una subasta típica.

Esto es lo que al consumidor le afecta directamente a partir de enero, cuánto cuesta, y lo que, por ello, conviene despejar cuanto antes. Luego ya está la otra cuestión, que es el agrio pulso que mantiene el gobierno con el sector energético y el papel que le corresponde a la Comisión Nacional de Competencia, el súper árbitro. Esto también es importante, porque el crédito, la solvencia de un órgano como éste (el regulador, el vigilante) guarda relación directa con su independencia. Para que el regulador sea creíble debe ser ajeno a los deseos o los malestares del gobierno de turno. Y para que los procedimientos que hoy rigen en la fijación de precios sean también creíbles, su validez no puede estar supeditada a que el resultado agrade a ese gobierno.

Las compañías eléctricas, que lleva todo el día subrayando que en la subasta de ayer participó mucha más gente aparte de ellas -lo dicho, bancos, intermediarios financieros-, han dicho que aguardan con gran interés a conocer el informe de la Comisión de la Competencia porque ellas mantienen que de atípica nada, que la subasta fue perfectamente corriente, solo que el precio final quedó más caro que nunca.

El gobierno, lo sabemos también, viene sugiriendo desde primera hora de la tarde de ayer, que eléctricas y bancos han hecho tongo para hacerle la puñeta en el trasero de todos nosotros. Desde luego es importante que se conozca con todo el detalle posible la indagación que está haciendo el árbitro, porque si, opción 1, queda acreditado que ha habido manipulación de precios, oiga, ése es un asunto muy grave que debe traer consigo bastante más que la anulación de la subasta, habrá que señalar a los responsables del engaño y proceder contra ellos por todos los medios legales posibles. Si, por el contrario, opción 2, la comisión no alcanzara a acreditar irregularidades o mangoneos de los participantes en la subasta, entonces el escenario sería distinto, porque se habría anulado una subasta no porque estuviera mal hecha, sino porque el resultado de la misma se ha considerado inconveniente.

Y eso ya es más complicado, porque uno tampoco puede irse saltando el procedimiento de fijación de precios sólo porque el resultado en un trimestre no le conviene. Si esta historia de la subasta, tal como está hoy planteada, es una herramienta opaca y maleable, si no hay en ella ni transparencia ni criterios objetivos y si el propio regulador viene recomendando que se cambie el sistema, lo suyo es que el gobierno se hubiera puesto a la tarea de cambiarlo sin necesidad de que le saliera una subasta desmelenada y onerosa que intepreta como un ataque de las eléctricas.

Quedar como el poli bueno que impide que se consume un atraco resulta tentador para cualquier gobierno -máxime en un asunto tan sensible e impopular como las subidas eléctricas-, pero conviene que no se cargue, en el empeño, la imagen del árbitro independiente, del órgano superregulador, a cuyo crédito no ayuda que el presidente diga a las doce de la noche “esto vamos a intentar arreglarlo”, que cuatro horas después la comisión declare inválida la subasta y que diez horas más tarde el presidente subraye la coincidencia entre gobierno y comisión nacional -pensamos que la subida era exagerada- como si fueran pareja de hecho. Cada uno por su lado y cada uno a su tarea. Y si alguien ha querido engañarnos a todos, que pague.